Amigos y amigas de HaD:
Hoy iniciamos una nueva campaña e importante de
Academia Solidaria con el historiador Dionisio
Pereira, acosado judicialmente por los herederos del
jefe de la Falange de Cerdedo (Pontevedra), cuyo
nombre ha sido señalado por testigos directos como
ejecutor de la represión contra personas de ideas de
izquierda y democráticas durante la guerra civil y
el franquismo.
El problema es, en realidad, el mismo que en el caso
de Raúl Dargoltz (Argentina), Carlos Demasi
(Uruguay) y de otras campañas que hemos hecho como
red internacional de historiadores solidarios: se
quiere "matar al mensajero", se quiere amordazar al
historiador profesional, se quieren coartar en suma
nuestras libertades de investigación y expresión.
Sólo que ahora nos toca más de cerca, en Galicia,
España, desde donde coordinamos la red académica HaD.
El caso de Dionisio Pereira, historiador reconocido
del anarquismo gallego y miembro activo del Consejo
de la Memoria de la Xunta de Galicia, es solamente
la punta de iceberg. Se esté produciendo una
represión silenciosa contra colegas que investigan
la represión local, que puede incrementarse en el
futuro con la aplicación de la Ley de Memoria
Histórica, lamentablemente retrasada por razones
políticas, si no se resuelve el problema del vacío
actualmente existente en cuanto a protección legal
de los investigadores.
La alta jurisprudencia existente es clara en la
defensa de las libertades del historiador que
investiga la guerra y la dictadura, pero, en
contradicción con lo anterior, insiste en que hay
que analizar "caso por caso", lo que, sabedores
todos de la pluralidad política de judicatura
española, anima la táctica de algunos descendientes
de ejecutores de asesinatos de amedrantar a los
investigadores para que no salgan en los libros de
historia los nombres de sus familiares, instaurando
en la práctica, con el presunto apoyo de un sector
de la judicatura y la pasividad de las autoridades,
una censura historiográfica incompatible con la
Constitución española de 1978. Algo que ya se
intentó en el primer borrador de la Ley de Memoria
Histórica donde existía un apartado indecente
-después, por fortuna, eliminado- que obligaba a los
responsables de los archivos públicos a tapar los
nombres de los represores -por lo regular, ya
fallecidos- en los documentos que se facilitasen a
los historiadores.
OS CONVOCAMOS, PUES, A UNIR VUESTROS NOMBRES AL
DOCUMENTO QUE REPRODUCIMOS MÁS ABAJO, EN APOYO DE
LOS HISTORIADORES GALLEGOS Y ESPAÑOLES, COMO OTRAS
VECES HICIMOS CON HISTORIADORES DE OTROS PAÍSES Y
CONTINENTES, CONSTRUYENDO ASÍ UNA HISTORIOGRAFÍA
GLOBAL, LIBRE Y SOLIDARIA QUE CONTRIBUYA A TERMINAR,
EN LAS MENTALIDADES Y EN LA INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA, CON LOS RESIDUOS DE LAS SANGRIENTAS
DICTADURAS QUE ASOLARON NUESTRO SIGLO XX
RECOGEREMOS SOLAMENTE FIRMAS HASTA EL JUEVES, 15 DE
MAYO DE 2008.
Enviar ya vuestros datos a h-debate@cesga.es: nombre
y apellidos, institución (universidad, instituto,
asociación...), localidad y país. El debate sobre
esta campaña solidaria tendrá lugar, como siempre,
en la Lista de Historia Inmediata. Si no estáis
incluidos, enviad un mensaje que diga "Suscribe HI"
a h-debate@cesga.es.
Más datos sobre el "caso Dionisio Pereira" en:
http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=1752
(Primer manifiesto de apoio, 11/6/07)
http://es.youtube.com/watch?v=ETIGkxKZ74k (Primer
juicio en video, 2/10/07))
http://gl.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Pereira
http://sinhorafranio.com/index.htm
Un saludo cordial,
Carlos Barros (22/4/08)
Coordinador de Historia a Debate
cbarros@wanadoo.es
www.cbarros.com
www.h-debate.com
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DOCUMENTO PARA EL QUE SE PIDEN LAS FIRMAS:
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
Excmo. Sr. Presidente del Congreso de Diputados
Excmo. Sr. Presidente del Senado
Madrid, España
Los abajo firmantes, investigadores y profesores de
historia de universidades y otros centros de estudio
españoles y de otros países, queremos manifestar
nuestra solidaridad con el historiador Dionisio
Pereira, denunciado judicialmente una y otra vez por
familiares de presuntos represores durante la guerra
civil y la dictadura, que aparecen nombrados en las
fuentes utilizadas en sus investigaciones publicadas
sobre la represión franquista en el pueblo de
Cerdedo (Pontevedra).
El Juzgado de Primera Instancia de A Estrada,
amparando con abundante jurisprudencia sus derechos
constitucionales de libertad científica y de opinión
“en el terreno histórico”, ha absuelto ya a nuestro
colega, cuya situación legal depende, así y todo, de
lo que decida próximamente la Audiencia Provincial
de Pontevedra, y aún posteriormente de previbles
recursos a instancias jurídicas superiores. Un
calvario judicial que muestra la flaqueza y
vulnerabilidad de nuestra joven democracia y su
ordenamiento legal en el tema que nos ocupa.
La difusión de esta anómala situación ha destapado
en toda la geografía española otras parecidas que
están siendo resueltas “caso a caso” por los
tribunales de justicia, con la consiguiente alarma
de los historiadores, que vemos así dificultado
nuestro trabajo sobre la historia española reciente
ante la posibilidad de ser víctimas del acoso
judicial de los
descendientes de las personas que aparecen en la
documentación, oral y escrita, como responsables de
torturas y asesinatos de personas por causa de sus
ideas durante la guerra civil y la dictadura
franquista. Tratamiento injusto, antidemocrático y
hostil hacia los historiadores de profesión que
ninguno de nosotros, independientemente de nuestras
especialidades y nacionalidades, estamos dispuestos
a tolerar.
La sentencia del Tribunal Constitucional del 23 de
marzo de 2004 asegura la protección constitucional
de una “ciencia histórica libre” y que son los
“propios ciudadanos quienes, a la luz del debate
historiográfico y cultural, conforman su propia
visión de lo acaecido, que puede variar en el
futuro”. No siendo, por tanto, “misión de los
Tribunales de Justicia el
realizar un juicio sobre verdades históricas”. Sin
embargo, los juicios contra historiadores siguen
celebrándose, y pueden incluso intensificarse
conforme se vayan aplicando las nuevas políticas
publicas de investigación, reparación y
reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y
la dictadura aprobadas en al Ley de la Memoria
Histórica del 26 de diciembre de 2007, cuya puesta
en práctica y perfeccionamiento exigimos.
Por todo lo cual, demandamos del Gobierno español, y
de las instituciones parlamentarias, garantes por
imperativo constitucional de un ejercicio no
discriminatorio de las
libertades democráticas y responsables del
cumplimiento de las leyes vigentes, el desarrollo de
la “Disposición final primera” que habilita al
Gobierno a “dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo y la aplicación” de la
citada ley de la memoria. Proponemos, en concreto,
que se añada una declaración de legitimidad
constitucional de la libre investigación sobre la
guerra civil y el franquismo, en base a fuentes
históricas, tanto escritas como orales, de acuerdo
con las metodologías correspondientes, sin censura
previa sobre ningún nombre, fuente o dato histórico.
Es obligación general de las autoridades
democráticas amparar en la práctica las libertades
de análisis, interpretación y opinión de los
historiadores, sin excepción, y del Gobierno en
particular fijar una referencia legal que facilite a
las administraciones, funcionarios e instituciones
del Estado salvaguardar en las mejores condiciones
el ejercicio libre de la investigación en temas que
son, además, de vital importancia para cerrar de una
vez, con la identificación, localización y
dignificación de las víctimas (y el reconocimiento
de los luchadores por la libertad), la guerra civil
y la dictadura franquista, completando así la
transición a la democracia en España iniciada en
1977.
Resulta incomprensible que, habiéndose previsto
medidas de apoyo y responsabilidad institucional
tocante a la conservación de documentos, acceso a
los archivos, investigación sobre las victimas del
franquismo y la guerra civil (incluyendo la
recuperación de sus restos), se hayan olvidado los
legisladores españoles de las personas que están
aportando de forma comprometida y desinteresada su
rigor académico y honestidad profesional a un
conocimiento más preciso y plural de la verdad
histórica, sin el cual difícilmente las generaciones
futuras podrán apreciar, en su esencia y con
perspectiva histórica, el régimen político
democrático que van a heredar.
En la Red, a 22 de abril de 2008
+++++
ENVIAR YA VUESTRA FIRMA A H-DEBATE@CESGA.ES: NOMBRE
Y APELLIDOS, INSTITUCIÓN (UNIVERSIDAD, INSTITUTO,
ASOCIACIÓN), LOCALIDAD Y PAÍS
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DOCUMENTO PARA O QUE SE PIDEN AS
SINATURAS:
Excmo. Sr. Presidente do Goberno
Excmo. Sr. Presidente do Congreso dos Diputados
Excmo. Sr. Presidente do Senado Madrid, España
Os abaixo asinantes, investigadores/as e
profesores/as de historia de universidades e outros
centros de estudo españois e doutros países, queremos
manifestar a nosa solidariedade co historiador
Dionisio Pereira, denunciado xudicialmente unha e
outra vez por familiares de presuntos represores
durante a guerra civil e a ditadura, que
aparecennomeados nas fontes empregadas nas súas
investigacións publicadas sobre a represión
franquista na vila de Cerdedo (Pontevedra).
O Xulgado de Primeira Instancia de A Estrada,
amparando con abundante xurisprudencia os sus
dereitos constitucionais de liberdade científica e
de opinión “en el terreno histórico”, absolveu xa ao
noso colega, cuxa situación legal depende, de todas
maneiras, do que decida en breves días a Audiencia
Provincial de Pontevedra, e aínda de previsíbeis
recursos a instancias xurídicas superiores. Un
calvario xudicial que amosa a febleza e
vulnerabilidade da nosa xove democracia e o seu
ordenamento legal na temática que nos ocupa.
A
difusión desta anómala situación, ten destapado en
toda a geografía do Estado español outras semellantes
que están a ser resoltas “caso a caso” polos
tribunais de xustiza, coa consiguinte alarma dos
historiadores e historiadoras, que vemos dificultado
deste xeito o noso traballo sobre a historia
española recente, diante da posibilidade de ser
víctimas do acoso xudicial dos descendientes ou
achegados das personas que aparecen na
documentación, oral e escrita, como responsabeis de
torturas e asasinatos de cidadáns por causa das súas
ideas durante a guerra civil e a ditadura
franquista. Tratamento inxusto, antidemocrático e
hostil cara os historiadores de profesión, que
ningún de nós, independentemente das nosas
especialidades enacionalidades, estamos dispostos a
tolerar.
A sentenza do Tribunal Constitucional do 23 de marzo
de 2004 asegura a protección constitucional dunha
“ciencia histórica libre” e que sonos “propios
ciudadanos quienes, a la luz del debate
historiográfico y cultural, conforman su propia
visión de lo acaecido, que puede variaren el
futuro”. Non sendo, polo tanto, “misión de los
Tribunales de Justicia el realizar un juicio sobre
verdades históricas”. Nembargantes, os xuizos contra
historiadores e historiadoras seguen a se celebrar,
e poden mesmo aumentar conforme se apliquen de vez
as novas políticas publicas de investigación,
reparación e recoñecemento das víctimas da guerra
civil e a ditadura aprobadas na Lei da Memoria
Histórica do 26 de decembro de 2007, cuxa posta en
práctica e perfeccionamento esiximos.
Por todo o cal, demandamos do Goberno español, e das
institucións parlamentares, garantes por imperativo
constitucional dun exercicio non discriminatorio das
liberdades democráticas e responsabeis do
cumprimento das leis vixentes, o desenvolvemento da
“Disposición final primera” que habilita ao Goberno
a “dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y la aplicación” da devandita Lei da
Memoria. Propoñemos, en concreto, que se engada unha
declaración de lexitimidade constitucional da libre
investigación sobre a guerra civil e o franquismo,
en base a fontes históricas, tanto escritas como
orais, de acordo coas metodoloxías correspondentes,
sen censura previa sobre ningún nome, fonte ou dato
histórico.
É obriga xeral das autoridades democráticas amparar
na práctica as liberdades de análise, interpretación
e opinión dos historiadores sen excepción, e do
Goberno en particular fixar unha referencia legal
quefacilite ás administracións, funcionarios e
institucións do Estado salvagardar nas mellores
condicións o exercicio libre da investigación en
temas que son, asemade, de vital importancia para
pechar dunha vez, coa identificación, localización e
dignificación das víctimas (e o recoñecemento dos
loitadores pola liberdade), a guerra civil e a
ditadura franquista, completando deste xeito a
transición á democracia en España iniciada en 1977.
Resulta incomprensible que, prevéndose medidas de
apoio e responsabilidade institucional no tocante á
conservación de documentos, acceso aos arquivos,
investigación sobre as victimas do franquismo e a
guerra civil (incluíndo a recuperación dos seus
restos), se esqueceran os lexisladores españois das
persoas que están a aportar de xeito comprometido e
desinteresado o seu rigor académico e honestidade
profesional para un coñecemento máis preciso e
plural da verdade histórica, sen o cal difícilmente
as xeracións futuras poderánaprezar, na súa esencia
e con perspectiva histórica, o régime
políticodemocrático que van herdar. Na Rede, a 22 de
abril de 2008
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ENVIAR XA A VOSA SINATURA A H-DEBATE@CESGA.ES: NOME
E APELIDOS,INSTITUCIÓN (UNIVERSIDADE, INSTITUTO,
ASOCIACIÓN, ...), LOCALIDADE E PAÍS.