Para mañana está convocado un paro general. Sobre cuáles son sus motivaciones y posibles consecuencias escriben hoy desde sus contrapuestos puntos de vista Luis Pedro España N., director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bellos, y Roberto López Sánchez, historiador y director de Formación General de la Universidad del Zulia

Empresarios a huelga y demócratas al golpe

Roberto López Sánchez

La situación actual del país está develando los verdaderos principios, o mejor dicho la falta de ellos, de muchos empresarios y políticos. Luego de décadas repitiendo que la huelga es una forma de lucha subversiva que atenta contra las actividades productivas, y de perseguir a los líderes obreros que promovían acciones de ese tipo, los empresarios de Fedecámaras están convocando ellos mismos a una huelga. Muchos líderes políticos autodenominados "demócratas", se han quitado la máscara en los últimos días al realizar frenéticos llamados a la insurrección armada para derrocar al legítimo Gobierno de Hugo Chávez. La confluencia de sectores políticos y empresariales buscan un mismo objetivo: sacar del Gobierno a Chávez. El paro de mañana es la hora cero que han propuesto como forma de lucha.

El acuerdo entre Fedecámaras y la CTV, entre empresarios y obreros, para convocar conjuntamente al paro, es algo pocas veces visto en la historia, y la situación no deja de levantar suspicacias. Cualquier observador podría concluir que la dirigencia de la CTV se ha plegado a los intereses del empresariado, traicionando a la masa trabajadora que tan fanáticamente ha pretendido representar en las recientes elecciones sindicales. Esa conducta no sería nada extraño en unos dirigentes que durante 40 años engañaron a los trabajadores y alcahuetearon todos los planes económicos antipopulares que los gobiernos de AD y Copei, en conjunto con Fedecámaras, le imponían al pueblo venezolano.

Con la nueva situación mundial surgida luego de los atentados del 11 de septiembre, la ultraderecha venezolana considera que tiene el visto bueno del imperio para proceder a derrocar al presidente Chávez. Este derrocamiento se enmarcaría en la lucha contra los "sospechosos" de apoyar al terrorismo, y por tanto no sería considerado como una violación de las reglas democráticas. Pero la realidad actual lo que está revelando es la histórica farsa de los "valores democráticos" que supuestamente defienden Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a toda la gama de partidos conservadores que pululan en el espectro político venezolano: AD, Copei, Primero Justicia, Convergencia, Proyecto Venezuela, Unión, etcétera. Están lanzados a la conspiración abierta para derrocar a un Gobierno nacido del voto libre y democrático de todos los venezolanos, Gobierno que ha sido legitimado por siete procesos electorales consecutivos entre 1998 y 2000.

La conspiración en marcha busca hacernos retroceder a la época dorada del puntofijismo adeco copeyano. Los conspiradores de ahora son los mismos representantes de la cuarta república, integrantes del bloque social que dominó a Venezuela durante 40 años, quebrando nuestra economía mientras una pequeña élite se enriquecía expoliando las riquezas del país y el trabajo de las grandes mayorías empobrecidas. Los conspiradores buscan afanosamente entre los mandos militares para ver quién se decide a declararse en rebelión. Están a la espera del tonto útil que arriesgue el pellejo y su carrera profesional para que ellos puedan cómodamente acceder al sillón de Miraflores.

La derecha recalcitrante estaba a la espera de una oportunidad para caer sobre el Gobierno de Chávez y tratar de derrocarlo por cualquier medio. En esta espera también ha estado el Gobierno de Estados Unidos, el cual tiene una larga trayectoria organizando conspiraciones para derrocar a los gobiernos latinoamericanos que no le sean afectos a sus políticas de gran imperio.

Ciertamente hay un peligro de regresión política en el país. La avalancha de antichavismo esconde en el fondo los más oscuros intereses neoliberales y antipopulares, que desean aplacar de una vez, así sea a sangre y fuego, la rebelión popular que se inició el 27 de febrero de 1989.

Aunque no dejamos de reconocer, y criticamos públicamente, los numerosos desaciertos del actual Gobierno, no es menos cierto que a partir de 1998 el pueblo venezolano ha obtenido conquistas significativas, particularmente contenidas en el articulado de la Constitución nacional, y en el desmoronamiento mismo del poder que las élites económicas y políticas habían ejercido en el país desde 1830. Defender las conquistas de este proceso de cambios es una necesidad de la hora actual, más allá de la propia acción de Gobierno. El pueblo venezolano no debe dejarse arrebatar la conquista más preciada que ha logrado desde la independencia.