Historia Inmediata
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Chávez |
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Estimado amigo Carlos Barros.
Recibe un saludo caluroso y cordial desde Caracas y
que se haga extensivo a todos los miembros del equipo que coordina
y garantiza el funcionamiento de HaD.Muy contento por el resultado
favorable del juicio incoado contra Raúl, esa decisión fortalece
el desarrollo de la investigación comprometida. Quiero aprovechar
para enviarte por archivo adjunto una copia de una carta que hemos
elaborado un grupo de Profesores Universitarios y que saldrá
pública en la prensa nacional venezolana en los próximos
días. Todavía en el transcurso de esta tarde esperamos la
incorporación de un número importante de firmas de colegas. Se
trata de una posición frente a la coyuntura política actual de
Venezuela. Considero que puede servir como insumo para ampliar la
comprensión del proceso venezolano. Un gran abrazo y saludos.
Germán Yépez Colmenares
germany@cantv.net +++++++ LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS APOYAMOS EL PROCESO DE CAMBIOS DEMOCRÁTICOS QUE SE ADELANTA EN VENEZUELA Ante
la actual coyuntura política nacional, en la que el gobierno más
legítimo, la constitución más democrática y la apertura más
amplia a la participación ciudadana que conozca la historia del país,
pretenden ser desconocidos por las mismas minorías políticas
burocráticas y corruptas que ayer saquearon la riqueza nacional,
hipotecaron al país y arruinaron a la inmensa mayoría del pueblo
venezolano, los profesores y profesionales de la Educación
Superior, abajo firmantes, nos dirigimos a todos los sectores democráticos
y progresistas, a la comunidad universitaria y al gobierno nacional,
para expresar nuestro decidido apoyo al actual proceso de cambios
que vive la sociedad venezolana y alertar sobre las oscuras
intenciones de los herederos del pacto de “Punto Fijo”. 1.-
Consideramos que la aprobación
–con el respaldo mayoritario del pueblo venezolano- de la
Constitución de 1999 establece un amplio marco democrático que
abre cauces a la participación popular, a la ampliación de los
derechos de la ciudadanía y a la búsqueda de una verdadera
justicia social para los pobres y explotados que conforman la mayoría
del país. Esta Constitución, el marco jurídico y legal que de
ella se deriva, y la aprobación de leyes que conviertan en realidad
sus postulados de igualdad y justicia social, así como la
incorporación activa de todos los sectores sociales a la vida política
y a la reconstrucción del país, representan el camino pacífico
para hacer posible que Venezuela se convierta en una verdadera
democracia. Por ello, rechazamos las pretensiones de quienes fueron
desplazados del poder mediante el juego democrático que tanto dicen
defender y le recordamos a la sociedad venezolana la experiencia de
cuatro décadas de Puntofijismo: una democracia representativa de
roscas, de políticos profesionales y “cogollos” bien de AD,
bien de COPEI, que se repartieron
alternativamente el poder mediante mecanismos que degradaron
la incorporación de las grandes mayorías a la mera participación
electoral cada cinco años; un sistema político corrupto y
excluyente que pese a la inmensa riqueza petrolera recibida redujo
al 80% de la población a un estado de miseria; un mecanismo de
gobierno represivo que no dudó en masacrar al pueblo una y otra vez
cuando éste exigió el cumplimiento y respeto por sus más
elementales derechos. 2.-
Reconocemos los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo para
recuperar el precio del petróleo a pesar de la recesión económica
mundial, y aún cuando algunos directivos de PDVSA, entre ellos
quien trabaja actualmente para una empresa petrolera extranjera y se
desempeña como asesor energético del Presidente de los Estados
Unidos, contribuyeron a bajar en siete dólares el barril. Apoyamos
el papel desempeñado por el gobierno venezolano para fortalecer a
la OPEP y por estrechar los lazos con otros países petroleros no
miembros de la organización, buscando así garantizar acuerdos
sobre producción y precios. Asimismo, sin desconocer el mérito a
la excelencia, eficacia y calidad que debe caracterizar a nuestra
empresa petrolera, rechazamos la intención de quienes con el
pretexto de la meritocracia, tratan de: a) Desconocer el legítimo
derecho del Ejecutivo Nacional a designar la Junta Directiva de
PDVSA, derecho así ejercido desde que Venezuela asumió la
propiedad de su principal industria. b) Impedir la estructuración
de un plan a corto y mediano plazo para contrarrestar la habitual
política de no generar valor agregado a nuestro crudo y c) Intentar
crear un clima de inestabilidad en la empresa como parte de las
acciones políticas para desestabilizar el país. 3.-
Valoramos positivamente para la economía del país la creación del
Fondo de Inversiones y Estabilización Macroeconómica (FIEM) y su
orientación a la inversión social. Dicho fondo ha permitido un
ahorro importante de dólares provenientes de la venta de cada
barril de petróleo por encima de nueve dólares, con el cual se
pueda atender situaciones como la actual, donde los precios
internacionales del producto han descendido por debajo de los
promedios esperados y presupuestados. Esta medida, no sólo
contribuye a la estabilidad macroeconómica del país, sino también,
y esto es lo más importante, a darle continuidad a la inversión
social. Considerando la catastrófica situación de pobreza heredada
de los gobiernos de la “democracia representativa”, la
continuidad de la inversión social resulta de capital importancia
para la recuperación de los sectores más excluidos de la sociedad
venezolana. 4.-
Acompañamos la orientación de la política internacional del
gobierno venezolano, que busca mantener una relación plural y
respetuosa con los distintos gobiernos del mundo, poniendo énfasis
en el carácter independiente de Venezuela, así como evitando ser
utilizados por terceros como mecanismo intermedio de presión,
chantaje o bloqueo contra cualquier otra nación. Apoyamos la decisión
de trabajar por la paz y la solidaridad entre los pueblos del mundo,
así como evitar la tentación del armamentismo que beneficia a los
grandes productores y comerciantes de armas y tecnologías para la
guerra. 5.- Reconocemos el amplio y firme respeto por parte del gobierno
de las libertades democráticas consagradas en el nuevo texto
constitucional, en especial el derecho de expresión, que permite la
más amplia libertad de opinión e información; asimismo, la
actitud de indudable garantía del derecho a la movilización y la
protesta. No obstante, denunciamos que este clima de libertades es
utilizado por los grupos de poder que dominan los medios de
comunicación social que, con abandono de la más elemental ética
de la comunicación, manipulan las informaciones para criticar
pertinaz y malintencionadamente la gestión gubernamental, con el
claro propósito de generar confusión y crear un clima de
inestabilidad política. Tal conducta ha ocasionado respuestas
agresivas por parte de sectores que terminan haciéndole el juego a
los enemigos del proceso. Reivindicamos el carácter plural de la
democracia, el respeto a las opiniones divergentes, la importancia
de la crítica constructiva, el papel de los medios de
comunicación y la ética como norma de conducta pública y
profesional, todos valores fundamentales de convivencia en una
sociedad democrática. Rechazamos por ello, tanto la conducta de
quienes valiéndose de la propiedad de los grandes medios vulneran
estos principios, con la pretensión de imponer sus intereses
grupales al conjunto de la sociedad, como la de aquellos que
desconocen que la principal fuerza del proceso está en la elevación
de la conciencia política y en la participación activa y
organizada del pueblo soberano. 6.-
Nos parece de gran significación social y política la
participación de los miembros de la Fuerza Armada en actividades
sociales de apoyo a las comunidades y en particular a los sectores
que conforman el 80 % de la población excluida de los grandes
beneficios derivados de la renta petrolera. Recordamos como hasta
hace pocos años, los miembros de esta institución eran utilizados
para agredir y masacrar a los habitantes de las zonas más humildes
del país como ocurrió el 27 y 28 de febrero de 1989. Los
universitarios venezolanos tenemos frescas aún las imágenes y
consecuencias de los allanamientos a las universidades, así como la
persecución, tortura y muerte de miembros de sus comunidades por
parte de los organismos militares y policiales que recibían órdenes
provenientes de los gobernantes de AD y COPEI. 7.-
Reconocemos que durante estos últimos años, en el contexto del
esfuerzo del gobierno por mejorar las condiciones de vida del pueblo
venezolano, se ha
producido un mejoramiento de las condiciones socio-económicas y el
cumplimiento de viejos compromisos con los miembros de las
instituciones públicas de Educación Superior, así como el
reconocimiento del papel que está llamado a jugar la universidad
venezolana en el actual proceso de transformaciones sociales del país,
además del reintegro
del jardín botánico y la zona rental a la Universidad Central de
Venezuela, los cuales habían sido conculcados por los gobiernos de
AD y COPEI. Esta situación contrasta, por un lado, con la actitud
de importantes sectores de la universidad pública venezolana, que
siguen estando de espaldas a este proceso, olvidando que la
universidad se debe a la sociedad toda, especialmente a sus sectores
más excluidos, mucho más cuanto que, como universidad pública es
financiada por la sociedad. Por otro lado, es oportuno recordar la
situación vivida durante los gobiernos anteriores, los cuales no
acostumbraban honrar los compromisos adquiridos con el sector y
utilizaban las cadenas gubernamentales de televisión para que sus
Ministros de Educación desacreditaran y humillaran a las
comunidades universitarias y, en especial, a los profesores que
reclamaban el pago de diversas deudas y el cumplimiento de legítimos
compromisos suscritos por estos gobiernos. 8.-
Ante la campaña mediática que con propósitos
desestabilizadores adelantan algunos sectores directivos de
FEDECAMARAS, CTV, miembros de la jerarquía eclesiástica católica,
conocidos dirigentes de los partidos AD y COPEI, así como
ex-funcionarios de los gobiernos anteriores(todos ellos
beneficiarios del Pacto de Punto Fijo), expresamos en forma clara
que el gobierno presidido por Hugo Chávez Frías es el resultado
legítimo de los procesos electorales más democráticos,
participativos y supervisados que algún candidato presidencial ha
tenido en la historia política de Venezuela. Asimismo que la actual
Constitución de la República fue aprobada en una consulta popular
por la inmensa mayoría de la sociedad venezolana. En este sentido,
consideramos una posición profundamente democrática y de respeto a
la decisión del soberano pueblo de Venezuela, la garantía y
defensa de los resultados derivados de las elecciones populares que
permitieron escoger a los representantes legislativos y los
distintos miembros del Poder Ejecutivo encabezados por el actual
Presidente de la República. Es por ello que aprovechamos para señalar
que las instituciones del Estado Venezolano como el Poder Ejecutivo,
la Asamblea Nacional, la Fiscalía General, la Defensoría del
Pueblo, la Contraloría General, el Consejo Nacional Electoral y el
Tribunal Supremo de Justicia tienen la obligación constitucional de
garantizar el respeto por la decisión democrática de la mayoría
del pueblo venezolano expresada en forma clara a través del voto. 9.- Asimismo, denunciamos los intentos conspirativos que adelantan grupos económicos y políticos poderosos, desplazados del poder y ansiosos de recuperar prerrogativas perdidas, ayudados por intelectuales y sectores políticos que hace tiempo abandonaron su compromiso con el cambio social y el pueblo venezolano. En su propósito, estos grupos utilizan todo tipo de pretextos y mecanismos, desde la abierta manipulación y desinformación mediática que ha convertido a los canales televisivos y a la mayoría de la gran prensa en militantes de un proceso conspirativo, hasta promover la idea de un golpe de Estado. Paradójicamente todas estas actividades se hacen en nombre de la democracia aún cuando estos sectores desprecian profundamente al pueblo, a los pobres, a los negros, a los mestizos, a los excluidos de siempre, reducidos por ellos a la condición de “hordas y sucia chusma chavista”. 10.- Finalmente, hacemos un llamado a los profesores, empleados, estudiantes y obreros del sector de la Educación Superior identificados con los cambios que se vienen adelantando en el país, a expresar públicamente su compromiso con el proceso y asumir una posición activa que permita consolidar y defender los logros alcanzados, para avanzar hacia otros objetivos socio-económicos y políticos previstos en la Constitución Nacional. Nombre y apellido Nombre y apellido Nombre y apellidoMario Sanoja
Iraida
Vargas
Ramón Tovar
Vladimir Acosta
Luis Bigott
Víctor Morles
Arístides Medina Rubio Imelda Rincón Germán Yépez Colmenares Pedro Calzadilla Alvarez Daniel Hernández Eduardo Medina Rubio Filadelfo Morales Stefanía Mosca Eduardo Gil Earle Herrera Luis García Armando Morles Marian Hannson Juan Haro Chela Vargas Josefina Ríos Régulo Hernández Omar Hurtado Leonardo Rodríguez Asalia Venegas Pedro Calzadilla Pérez Manuel Mariñas Héctor Acosta José Peralta Eithel Ramos Víctor Fernández José Murgüey Oscar Bataglini Alí López Bohórquez Griselda Mora Gisela Toledo de Manduca Oscar Rodríguez Suárez Gilberto Gutierrez Lionel Muñoz Paz Jorge Reyes Faustino Morales Judith Valencia Eliseo Rodríguez Dellán Mike Aguiar Juan José Hernández Luis Bastidas Rogel Navas Damerys Yegues Gustavo Bastardo Patricia Yánez Leonardo Bracamonte Pedro García Armando Chirinos Luis Feliz Francis Bandres Aracelis Ramos José Arcia Olga Draguic Nancy Noguera Mateo Nurvio Luis Alzuru Angel Díaz Aponte Edilberto Pacheco Hellal María Elena Lovera Máximo Sánchez Gómez Humberto Mendoza Mendoza Rómulo Troncone Consuelo Ascanio Lola Vetencourt Freddy Mudarra Domingo Ruiz Silvio Villegas Pino Pascuci Federico Villalba Ricardo Menéndez Jorge Pérez Mancebo Sadia Aguilar Carlos Viso Carpintero Violeta Pérez Erick Rodríguez Mieres Fabricio Vivas Ramírez José Ramírez Medina Alexis Berríos Carmen Bohórquez Jesús García José Adames Salvador Curvelo Jesús Alvarez Orlando Utrera Xiomara Martínez Zaida Castro Aurelio Díaz Alexander Torres Pedro Pablo Olívares Rodulfo Pérez Eucaris de Sánchez Celia Jiménez Gisela Manduca Valmis Ludovic Celina Paredes Rafaela Cusati María de los Angeles Serrano Luis Martínez Luciano Pérez Claudio Nieves Rafael Gómez Padilla
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