VISTO

La continuidad de políticas económico-sociales  injustas e inequitativas que, entre otros aspectos, han implicado el abandono por parte del Estado de roles que le son inherentes, como el sostenimiento y financiación de la educación  pública y, en especial,  la universitaria  y

La convocatoria realizada por el Consejo Superior de la UNLu para el día de la fecha con el objeto de elaborar un plan de acción institucional para enfrentar la actual emergencia y

 CONSIDERANDO

 Que la Argentina atraviesa por una situación de extrema gravedad y es altamente probable que las difíciles circunstancias por las que está atravesando la educación pública argentina, las Universidades Nacionales y la UNLu en particular, no habrán de mejorar en lo inmediato.

 Que la lógica del ajuste continuo que desde hace años se impone sobre la universidad nacional y la educación pública acaba con conquistas históricas, degrada las condiciones de trabajo, investigación y estudio, restringe las acciones de bienestar estudiantil destinadas a facilitar el acceso educativo a sectores de menores recursos y amenaza el cumplimiento de los objetivos y funciones de esta unidad académica.

 Que a las restricciones presupuestarias, se suma el no cumplimiento de las fechas en que se deben remitir las partidas las que, por otra parte, están acotadas al pago de salarios.

 Que a pesar de la dura situación que enfrenta nuestra universidad, la comunidad universitaria ha venido proveyendo educación de grado gratuita a amplias y crecientes poblaciones estudiantiles, realizando asimismo en forma ininterrumpida actividades de investigación y extensión, prestando además servicios a un conjunto diverso de organizaciones sociales, culturales y productivas mediante múltiples actividades de capacitación, transferencia y asistencia en pos de mejorar los niveles de vida de las poblaciones vinculadas a su zona de influencia

 Que la continuidad de dichas actividades y el mismo funcionamiento de la institución dependen  de un adecuado acceso a los recursos que presupuestariamente le pertenecen por lo que son inaceptables nuevos recortes o atraso alguno en la remisión de partidas por parte de las autoridades nacionales.

 Que es necesario que la universidad pública continúe desarrollando su compromiso como intelectual colectivo cumpliendo su rol de espacio institucional de desarrollo de un pensamiento crítico y científicamente fundado para el logro de una sociedad más igualitaria y justa y, en consecuencia, que haga de la crítica y la propuesta de alternativas un instrumento al servicio de la sociedad y del Estado.

 Que corresponde estatutariamente a la Asamblea Universitaria de la UNLu fijar las orientaciones fundamentales y los lineamientos generales que rijan las políticas de la institución y que por ello este cuerpo tiene hoy el desafío de definir un plan de acción institucional que surja de los consensos más amplios que puedan forjarse y que otorgue a la institución una dirección clara para orientar una decidida acción colectiva.

 Que para ello, la Asamblea, el Consejo Superior, los Consejos Directivos Departamentales y los Consejos Asesores Regionales como representantes de la comunidad universitaria e instancias de un gobierno autónomo, no deben actuar como meros administradores de una política que se define en la práctica en el gobierno nacional.

 Que esta Asamblea y todos los órganos de gobierno de la UNLu deben ponerse al frente de los reclamos y las demandas de la comunidad universitaria ante las autoridades nacionales diseñando y encabezando un plan de acción sostenido y efectivo que alcance el máximo consenso y participación posibles de las organizaciones y miembros de la referida comunidad.

 Que frente a la comunidad universitaria la Asamblea debe hacer posible la construcción de una serie de acuerdos básicos y definir mecanismos que permitan consensuar prioridades y resolver colectivamente la asignación de recursos.

 Que esta Asamblea reafirma su compromiso con el ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza.

 Que la Asamblea trató y adoptó la presente en su reunión extraordinaria del día 30 de abril de 2002, iniciada el día 24 de abril de 2002.

 Por ello:

 LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

R E S U E L V E

 Artículo 1º.- Repudiar la continuidad de las políticas económico - sociales inequitativas que han llevado a amplios sectores de la población a niveles extremos de empobrecimiento y marginación.

 Artículo 2º.- Rechazar del modo más enérgico el ataque de que es objeto al educación pública en general y la universitaria en particular, materializada en un proceso de desfinanciamiento que ha llevado a las universidades públicas al borde de la paralización de todas sus actividades académicas.

 Artículo 3º.- Encomendar al H. Consejo Superior asegure la coordinación de acciones efectivas de toda la comunidad universitaria a través de la implementación de un plan de acción institucional que ha de tener las siguientes orientaciones y características fundamentales:

a)                  La conformación de un foro regional con instituciones y organizaciones sociales del área de influencia de la universidad, a fin de analizar, evaluar, definir y llevar adelante acciones de resistencia, en forma conjunta y coordinada, a las políticas de deterioro social en pro de la superación de los problemas que aquejan a la comunidad, para la cual arbitrara los medios para la formación de una comisión encargada de motorizar la propuesta integrada por representantes de todas las listas y claustros y de los consejos asesores de centros regionales.

b)                 Promover junto con el sistema universitario nacional, una política de enérgico rechazo al desfinanciamiento sistemático del sector educativo en general y de las Universidades Nacionales en particular. Será atribución de esta asamblea realizar acciones pertinentes al respecto. Como primera acción se plantea encomendar al rectorado de la Universidad Nacional de Luján proponer al CIN en la primera reunión de ese cuerpo que, si al quinto día hábil no se han recibido los fondos para el funcionamiento de las Universidades, al día siguiente el CIN y los Consejos Superiores de las UUNN se den cita en el Ministerio de Educación para reclamar lo adeudado. Al mismo tiempo invitara a la comunidad universitaria a que se adhiera al reclamo propuesto.

c) Facilitar, por todos los medios al alcance de la institución, la conformación de espacios de reflexión crítica dentro de la universidad que permitan repensar las políticas educativas, de docencia, extensión, investigación y bienestar universitario de modo de poder generar y articular propuestas de acción en procura de atenuar el impacto negativo que sobre la universidad producen las actuales líneas de políticas públicas.

 Como forma de implementar la referida conformación:

 C1. Reformular la política de bienestar estudiantil incluyendo lo referido a condiciones de estudio, salud, transporte y asignación de becas.

 C2. Encomendar la formación de una Comisión ad-hoc al H. Consejo Superior para que en un plazo de 60 días, elabore una metodología para el diseño y control participativo de las prioridades y asignación presupuestaría. Dicha Comisión estará conformada por representantes de todos los claustros, listas y representantes de los Consejos Asesores Regionales.

 Articulo 4º.- Solicitar al H. Consejo Superior un informe comparativo entre el presupuesto previsto y el ejecutado del año 2001, además con lo actuado sobre el presupuesto 2002 con el respectivo anteproyecto.

Artículo 5º.- Declarar al Cuerpo en sesión permanente, atento a la grave situación por la que atraviesa el país y sus posibles repercusiones institucionales y disponer que el HCS informe a esta Asamblea Universitaria respecto de las acciones encomendadas cada vez que esta se reúna.

Artículo 6º: DE FORMA.-

Gustavo PARMIGGIANI                                           Carlos CANSANELLO

         Secretario                                                                    Presidente