Historia Inmediata
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Revuelta en Ecuador |
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“¡LUCIO… FUERA!”: LA CONSIGNA EN ECUADOR
Juan J. Paz y Miño Cepeda
Pontificia Universidad Católica de Ecuador
Especial para Historia a Debate
Quito, 18 abril 2005
Lo que sucede en el Ecuador actual debe
comprenderse en perspectiva histórica. El gobierno de Lucio
Gutiérrez se inició en enero de 2003 con gran apoyo general (de
hecho ganó las elecciones de segunda vuelta), respaldado por el
movimiento indígena, sectores de capas medias, trabajadores,
partidos de “izquierda”. Hasta se creyó que su gobierno
reeditaría una versión local del “chavismo” en Venezuela. Apenas
a los pocos meses rompió con sus aliados, suscribió una carta de
intención con el FMI, se proclamó el mejor “amigo” de los
Estados Unidos y dio un giro espectacular a sus políticas
enrumbándolas bajo el “neoliberalismo criollo”, cuyos objetivos
inmediatos son la suscripción de un tratado de libre comercio
(TLC) que hegemonizará gravemente sobre la economía del país y
una serie de reformas legales que precarizarán aún más el
trabajo de los ecuatorianos, que incluso han debido migrar por
miles al exterior y particularmente a España. Las esperanzas
iniciales se transformaron en decepción y en fiasco. Siguieron
las movilizaciones de protesta y rechazo, la paralización de
servicios públicos, la reacción contenida y creciente de amplios
sectores. El desgaste se expresó en las elecciones de octubre de
2004, cuando el Partido de Gobierno (“Sociedad Patriótica 21 de
enero”) y las figuras aliadas al gobierno alcanzaron una
votación mínima.
Cuando el 8 de diciembre de 2004 el gobierno
logró una mayoría de diputados que impuso el nombramiento
inconstitucional de una nueva Corte Suprema de Justicia,
comenzaron a unificarse contra él y contra “los políticos”
(visibles en la práctica inoperante del Congreso) las más
diversas reacciones. El retorno al Ecuador de Abdala Bucaram,
gracias a la anulación de los juicios en su contra por parte del
Presidente de la Corte Suprema, indignó a la ciudadanía
particularmente serrana y especialmente quiteña, que consideró
un insulto a la dignidad nacional la presencia del exmandatario
otrora prófugo en Panamá. Durante la semana pasada, las
asambleas de Quito y de Pichincha iniciaron radicales
manifestaciones antigubernamentales exigiendo el retorno a la
constitucionalidad. El miércoles se realizó un paro local y por
la noche los quiteños salieron a las calles para expresarse
contra el gobierno de Gutiérrez a través del “cacerolazo”, que
ha continuado en los siguientes días con movilizaciones
nocturnas espontáneas y masivas, convocadas por Radio La Luna,
que rebasaron a las dirigencias políticas. El gobierno intentó
enfrentarlas con un decreto que, al mismo tiempo que estableció
el estado de emergencia en Quito, declaraba cesante a la Corte
Suprema, produciéndose así un nuevo acto inconstitucional de
intervención del Ejecutivo en otra de las funciones del Estado.
La ciudadanía quiteña ahondó su movilización, no hizo caso del
decreto y rechazó la dictadura. El sábado, el gobierno tuvo que
suspender el estado de emergencia. El domingo, el Congreso
Nacional, reunido en sesión extraordinaria por fuerza de las
circunstancias, aprobó una resolución que dejó sin efecto el
nombramiento de la inconstitucional Corte Suprema de Justicia.
El gobierno minimizó las protestas, que
progresivamente han prendido en otras ciudades bajo el ejemplo
de Quito. En cambio, reivindica sus “logros” económicos y el
apoyo popular visible en las contramanifestaciones y en la
movilización de gente aliada. Gutiérrez hace cuentas sobre el
número “reducido” de los opositores que se expresan en las
calles. Pero quienes han rechazado las inconstitucionalidades
del régimen son las cámaras empresariales, sectores organizados
de los servidores públicos, organizaciones laborales e
indígenas, universidades, estudiantes, amplias capas medias,
académicos y elites culturales, medios de comunicación, la
iglesia y, sin duda, los partidos políticos con mayor
representación nacional así como diversos gobiernos seccionales.
Sobre las inconstitucionalidades se ha pronunciado el delegado
de las Naciones Unidas que visitó el país. Se ha unido la
preocupación de la Unión Europea. También el pronunciamiento de
la embajada norteamericana. Los cuestionamientos y
preocupaciones de gobiernos, organismos y entidades
internacionales. En contraste, el apoyo a Gutiérrez proviene del
entorno gubernamental, del círculo de amigos y parientes que
encabezan la “Sociedad Patriótica”, de aquellos pobladores que
pueden ser movilizados por mecanismos populistas y clientelares,
de los “garroteros” que aparecen en las contra-manifestaciones.
Las cúpulas de las Fuerzas Armadas y la Policía son un factor en
el esquema de manejos políticos del régimen, aunque se sabe que
al interior de esas instituciones no parece haber completa
calma. Para reprimir a la oposición el gobierno del coronel
Gutiérrez ha debido acudir a las estrategias y tácticas
militares derivadas de la Doctrina de Seguridad Nacional.
A pesar de la resolución del Congreso que el
domingo 17 de abril cesó a la Corte, este lunes 18 las
manifestaciones ciudadanas han continuado. En Guayaquil se hizo
una gran marcha que reivindica la democracia. En Quito y otras
ciudades siguen las expresiones nocturnas inéditas en mecanismos
de acción, que revisten nuevos simbolismos políticos: el
cacerolazo, el tablazo, el rollazo, el apagón, etc. El grito que
inunda el ambiente entre las diversas consignas es “¡Lucio…
fuera!”. La pregunta que se ha generalizado es ¿caerá el
gobierno?.
Después de las experiencias sociales que
condujeron a la destitución de Bucaram en febrero de 1997 por
“incapacidad mental”, según la resolución que adoptó el Congreso
y de la “Rebelión de Quito” que provocó la salida de Mahuad en
2000, una vez más el Ecuador ha sido el eje de una pregunta
mayor, que toda Latinoamérica puede reflexionar desde la
perspectiva de las experiencias en cada país: ¿es legítimo a un
pueblo levantarse contra un gobierno que, aunque elegido
legalmente, queda deslegitimado al romper la constitución y
ejecutar una política contraria a la que los electores de origen
demandaron? ¿Es un acto de restauración constitucional?
En el trasfondo la conflictividad política tiene
que ver con una compleja trama de intereses en la que se
involucra un sector de la oligarquía ecuatoriana que anhela
profundizar las reformas neoliberales y la vinculación
subordinada al TLC, bajo un manto de impunidad para quienes
ocasionaron la crisis financiera nacional que condujo a la
dolarización, en tanto la estabilidad macroeconómica del
presente esconde el deterioro sistemático de las condiciones de
vida y trabajo de la población tras 25 años de
constitucionalismo, en un clima de desestabilización de las
instituciones del Estado ecuatoriano.
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