EL COMPLEJO PROCESO DE
LA CRISIS CONSTITUCIONAL
EN EL ECUADOR
Apuntes sobre "Historia
Inmediata", desde Quito
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Vicepresidente de la Asociación de Historiadores
Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC)
jpazymino@puceuio.puce.edu.ec
Quito, ECUADOR, febrero de 2000
(*) Especial para "Historia a Debate"
Estos breves apuntes han sido preparados para la red
internacional de "Historia a Debate". Responden a la
demanda de numerosos colegas historiadores, interesados por los
sucesos que ocurrieron en el Ecuador el pasado 21 de enero de
2000 y cuyo desenlace, a partir de la "rebelión de los
coroneles" unidos al movimiento indígena, fue la caída del
presidente Jamil Mahuad, la efímera formación de un Triunvirato
que incluyó a un líder indígena y, finalmente, la sucesión
constitucional a favor del nuevo presidente Gustavo Noboa.
Incluyen un marco histórico para la comprensión de los sucesos.
Anhelan abrir reflexiones sobre la "historia
inmediata", en la perspectiva del intercambio académico
entre investigadores, cuyos criterios y análisis seguramente
enriquecerán lo que aquí queda esbozado.
ECUADOR
Suelen haber pocas referencias sobre el Ecuador en la
historiografía latinoamericana. Y, sin embargo, es un país con
una rica historia nacional, en muchos casos "sui
géneris", con respecto a muchos otros países de la
región. Su historia reciente es una muestra de ello.
Entre 1972 y 1979 se sucedieron 2 dictaduras militares: primero,
con el General Guillermo Rodríguez Lara, que presidió el
llamado "Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las
Fuerzas Armadas" (1972-76) y luego, un Triunvirato Militar
(1976-79). Ambas dictaduras coincidieron con un período
excepcional de riqueza petrolera, que fue manejada por el Estado,
lo cual le "independizó" de su habitual dependencia de
los agroexportadores. Fue posible, entonces, articular un
"modelo-estatal-nacional-desarrollista", pues el Estado
se convirtió en el principal agente promotor de la economía,
una "vía" distinta y "tardía" frente a
aquellos países en los cuales el desarrollo capitalista fue
posible por burguesías pujantes. La burguesía ecuatoriana
creció amparada por el Estado. A pesar de la época, tales
dictaduras militares nunca adquirieron los rasgos represivos de
las dictaduras del cono sur latinoamericano y, en diversos
aspectos (sobre todo con Rodríguez Lara) incluso fueron
"reformistas".
Fue el Triunvirato militar el que inició el denominado
"proceso de reestructuración jurídica del Estado",
inédito en América Latina, pues, en lugar de convocar la
típica Asamblea Constituyente para elegir al presidente
constitucional, el gobierno convocó a un referéndum sobre 2
proyectos de Constitución (se realizó en enero de 1978 y
triunfó una Constitución bastante progresista) y luego al
proceso electoral que introdujo el sistema de doble vuelta, sobre
la base de la institucionalización de los partidos políticos
(fueron inscritos cerca de una veintena de partidos), únicos en
capacidad legal para postular candidatos al Ejecutivo, al
Congreso y a los organismos seccionales.
El 10 de agosto de 1979 se inició la fase de los gobiernos
constitucionales (Ecuador fue el primer país latinoamericano).
Triunfó Jaime Roldós Aguilera (1979-81), candidatizado por
"Concentración de Fuerzas Populares", un partido
populista y un líder "sui géneris" en alianza con
"Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana".
Roldós murió en un trágico accidente de aviación. Le sucedió
el vicepresidente demócratacristiano Osvaldo Hurtado (1981-84),
con una línea reformista que inquietó al empresariado nacional
(muchos le acusaban de "filo-comunista") y a quien le
sucedieron, por elecciones populares: León Febres Cordero
(1984-88), candidato del "Partido Social Cristiano" y
respaldado por el "Frente de Reconstrucción Nacional"
(una coalición de fuerzas de derecha), con amplísima
aceptación (y hasta euforia) entre los empresarios del país;
Rodrigo Borja Cevallos (1988-92), candidato de la
socialdemócrata "Izquierda Democrática", Sixto Durán
Ballén (1992-96), viejo líder del socialcristianismo, pero
auspiciado por el efímero "Partido Unión Republicana"
y Abdalá Bucaram (1996-97), caudillo populista del "Partido
Roldosista Ecuatoriano". Derrocado Bucaram a los 6 meses,
por la reacción verdaderamente nacional contra su corrupto y
corruptor gobierno y por decisión del Congreso, que encontró en
la "incapacidad mental" del presidente una causal legal
ajustada a las circunstancias (en el exterior la imagen del
Ecuador llegó a ser francamente lamentable), le sucedieron
(nombramientos del Congreso): por unos días, Rosalía Arteaga
(primera Presidenta en la historia nacional) y a continuación
Fabián Alarcón (1997-98), dirigente del "Frente Radical
Alfarista", un partido y un gobierno manejados en el viejo
estilo de las componendas y "amarres" políticos.
En 1998 se reunió una Asamblea Nacional que dictó una nueva
Constitución. Con ella comenzó el nuevo gobierno del
democristiano Jamil Mahuad (1998-2000), elegido por votación
ciudadana, pero derrocado a los 15 meses de gestión, a quien
sucedió Gustavo Noboa.
Así, en el Ecuador, a diferencia de todos los países
latinoamericanos, durante 2 décadas se han sucedido 10 gobiernos
(5 gobiernos entre 1996 y 2000), cada uno con una orientación
"ideológica" distinta. Pero, a diferencia de las
dictaduras de los 70, a partir de 1982, y coincidiendo con un
proceso similar en América Latina, los gobiernos
constitucionales del Ecuador debieron obrar en el marco de una
acelerada y progresiva crisis económica, originada en la
desestabilización de la economía petrolera, el deterioro de la
producción interna y del comercio externo, el brutal impacto de
la deuda externa (hoy unos 16 mil millones de dólares) y la
arremetida de las "variables internacionales": el
derumbe del socialismo real, la difusión del neoliberalismo, los
condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, el retiro
del Estado, las privatizaciones, etc. Paulatinamente el
"modelo estatal-nacional-desarrollista" se agotó, se
volvió inviable y, en su lugar, tomó impulso el nuevo
"modelo empresarial" de desarrollo económico. Esta
transición ha condicionado a todos los gobiernos sucedidos en el
país, a partir de 1982, por sobre sus distintas vertientes
"ideológicas".
MOVIMIENTOS SOCIALES y FUERZAS POLITICAS
Me refiero sólo a aquellos que aparecen como actores centrales
de la historia reciente.
La institucionalización de los partidos políticos les
convirtió en el centro de la actividad política durante las
últimas 2 décadas y originó una "clase política".
Con las excepciones de rigor, sus prácticas cotidianas e
intereses inmediatistas, desprestigiaron su acción. A pesar de
ello, los ecuatorianos aprendimos a vivir bajo regímenes
constitucionales y a superar los fantasmas de las dictaduras. Sin
duda, en el Ecuador se afirmaron los valores de la democracia
representativa. Eso no ha impedido que la población sea muy
crítica frente a los sucesivos gobiernos, demande
permanentemente contra las deterioradas condiciones de vida y
finalmente estalle contra la situación existente. Los
ecuatorianos, en semejantes condiciones, hemos
"derrocado" a dos gobiernos: Bucaram y Mahuad. Estuvo
en igual peligro León Febres Cordero, a quien el Congreso, por
primera vez en la historia contemporánea, llegó a pedir
(mediante resolución) su renuncia. Por cierto, nuestras
rebeliones ciudadanas no han sido sangrientas, sino
admirablemente "pacíficas", un asunto difícil de
entender en otras latitudes.
Al comenzar la década de los 80 el movimiento obrero alcanzó
una presencia significativa a través del FUT (Frente Unitario de
Trabajadores, creado en 1981), que agrupó a las principales
centrales del Ecuador. El FUT impulsó una serie de impactantes
"huelgas nacionales", con apoyo poblacional. El
derrumbe del socialismo mundial y el autoritario régimen de
Febres Cordero (en varios aspectos fue más grave que las
dictaduras de los 70), sustentado por la derecha política y por
poderosos grupos económicos de la costa ecuatoriana,
desarticularon la fuerza que tuvo el movimiento obrero. Los
partidos de izquierda quedaron históricamente mal parados. Otros
movimientos sociales intentaron afirmar nuevas alternativas,
lográndolo parcialmente.
En 1990 incursionó un activo movimiento indígena, si bien su
presencia de lucha y resistencias tiene una historia de siglos.
Pero ahora se hizo evidente su indudable y creciente
significación política. Ese año, con una impecable
coordinación a nivel de todo el país, ejecutaron el primer
"levantamiento indígena nacional", que bloqueó
carreteras, hizo marchas, provocó sustos. Surgió la
reivindicación por las "nacionalidades indias". Se
acercaba la conmemoración de los 500 años del contacto de
Colón con América. En adelante, nadie pudo dejar de observar
que los indios constituían, en el Ecuador, una fuerza capaz de
imponer nuevos rumbos a la sociedad. Desde entonces, las
movilizaciones indígenas y otros "levantamientos" se
han sucedido contra las políticas gubernamentales neoliberales,
la corrupción, la carestía de la vida, la desatención a las
comunidades indias, etc. El movimiento indígena lucía como el
más importante (los obreros estaban en "crisis") y con
sus características y reivindicaciones específicas, que le
hacían diferente a los otros precisamente por tratarse de un
sector de la población tradicionalmente marginado y
"despreciado" por los sectores dominantes.
Durante las dos últimas décadas han actuado, a la par que
cualquier otro grupo de presión política, las cámaras de la
producción (gremios empresariales). Acogieron rápidamente los
postulados difundidos por el neoliberalismo, aceptaron la
globalización, demandaron el retiro del Estado y se convirtieron
en el sustento del nuevo "modelo empresarial" de
desarrollo. El alto empresariado respaldó gobiernos como el de
Febres Cordero y Sixto Durán. Dirigentes empresariales y
personalidades ligadas a las cámaras pasaron a ocupar
ministerios y los principales aparatos de conducción económica
en esos gobiernos, pero también fueron visibles en otros.
En el ambiente político de creciente hostilidad al gobierno de
Mahuad se afirmaron, además, dos fuerzas no siempre bien
referidas en el extranjero: los regionalistas y las oligarquías.
Los regionalistas combatían no sólo a Mahuad sino al
"centralismo" de Quito y de la sierra (la región
andina). Han sido muy hábiles en esconder sus intereses
particulares tras las legítimas aspiraciones de
descentralización administrativa y autonomías regionales.
Porque en el Ecuador ha progresado mucho el sentido de la
necesaria administración descentralizada para que beneficie a
los ciudadanos de las diferentes provincias en que se halla
dividido el país, llegándose ahora a planteamientos novedosos
sobre la autonomía. Sin duda, actúan también fuerzas
"regionalistas" en todo el país, pero son
particularmente visibles en la costa.
La oligarquía, por su parte, se expresó a nivel nacional
exigiendo, en forma agresiva, el definitivo rumbo neoliberal del
Ecuador. Ella abanderó la lucha a favor de la
"dolarización" de la economía, con mil y un
justificaciones respaldadas por los "datos"
macroeconómicos claves: una inflación galopante (60%, la más
alta en América Latina), en los últimos meses la subida
incontenible del dólar (1 dólar equivale a 25 mil sucres, la
moneda nacional), la ruina de la producción, la dolarización
"de hecho" existente en el país, etc. Sin duda, la
propuesta arrastró tras sí a un amplio sector del empresariado.
En el conjunto latinoamericano, las oligarquías ecuatorianas se
demuestran como unas de las más atrasadas en concepciones
sociales y de las más adelantadas en arrogancia económica, sin
capacidad para generar, por sí solas, un ambiente de estabilidad
y progreso humano para la mayoría de la población nacional. Por
sobre la retórica social, ningún esfuerzo serio articulan,
desde su visión y sus propuestas, para encarar definitivamente
la pobreza, la abismal distribución de la riqueza y las
miserables remuneraciones, pues el salario mínimo en el Ecuador
equivale a 6 (seis) dólares mensuales y la mayor parte de la
población económicamente activa recibe ingresos menores a los
100 dólares mensuales. Ante semejantes clases dominantes, es
difícil culpar a "los gobiernos" o al
"Estado" de una realidad forjada a lo largo de la
historia nacional, que ha hecho del Ecuador uno de los países
más atrasados del continente, lo cual no significa que los
gobiernos y el Estado queden exentos de su propia
responsabilidad.
LAS FUERZAS ARMADAS
Durante el siglo XX se producen 5 intervenciones militares en la
vida del Ecuador. La primera, en julio de 1925, conocida como
"Revolución Juliana", tuvo el propósito de imponer el
interés estatal-nacional sobre los de la "bancocracia"
de la época, aliada con el "liberalismo
plutocrático". Entonces se rompieron los principios del
liberalismo económico tradicional y el Estado pasó a ser el
instrumento de la centralización de rentas, la organización del
sistema monetario-financiero (se fundó el Banco Central en 1927)
y se institucionalizó la "cuestión social" como
política del Estado. Los jóvenes militares julianos hablaron a
favor de los "proletarios" y de la necesidad de
reivindicar a la "raza indígena". Sus políticas
fueron seriamente resistidas y boicoteadas por la poderosa clase
económica dominante.
La segunda intervención militar (la más corta) se produjo en
1937-38. Se logró la expedición del primer Código del Trabajo
en el Ecuador.
La tercera intervención ocurrió entre 1963-66, cuando se
instauró una Junta Militar. Era la época influyente de la
Revolución Cubana, la del inicio de la "guerra fría"
sobre Latinoamérica, el plan Kennedy de "Alianza para el
Progreso". La Junta Militar del Ecuador nació (algo
parecido ocurrió en otros países de América Latina) de las
acciones encubiertas de la CIA, según el libro de un exagente
norteamericano. Hubo persecución al "comunismo" y a la
izquierda, pero nunca al estilo de los fascismos pinochetistas
posteriores. Pero, paradójicamente, la Junta ejecutó un
programa que incluyó la reforma agraria (con ella terminó el
sistema tradicional de la hacienda), la promoción industrial, la
planificación estatal, la orientación gubernamental sobre el
desarrollo, la apertura al capital extranjero, etc., todo lo cual
afirmó un "capitalismo nacional-dependiente"
ecuatoriano, antes esbozado en forma todavía pobre e
insuficiente.
La cuarta intervención militar ocurrió en 1972-76, con el
"Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas
Armadas" y continuó entre 1976-79 con un Triunvirato. Con
estas dictaduras, a las que me referí antes, se consolidó el
"modelo-estatal", que produjo el
"espectacular" salto capitalista del Ecuador.
Todas las dictaduras militares referidas han tenido como rasgo
común el de ser fruto de la decisión "institucional"
de las Fuerzas Armadas. No fueron movimientos caudillistas o de
algún oficial que seguido por sus tropas decide tomar el poder y
triunfa. Los gobiernos militares son de las Fuerzas Armadas, bajo
unánime decisión de sus mandos superiores. Este rasgo es
importantísimo considerarlo, porque siempre han fracasado los
intentos "golpistas" de oficiales y tropas aislados:
uno, en 1975 contra Rodríguez Lara y otro, en 1986, contra
Febres Cordero. El "golpe" del 21 de enero pasado,
contra Jamil Mahuad, creó un Triunvirato con dos civiles (un
indio) y un General del Ejército. Apenas duró 3 horas, pues,
otra vez más, la institución militar se pronunció, finalmente,
por la sucesión constitucional de Mahuad.
Hay, pues, otro hecho significativo: durante estas dos décadas
de sucesión de gobiernos, las Fuerzas Armadas se convirtieron en
soporte del sistema constitucional. Pero, a la vez, tanto en la
salida de Bucaram como en la de Mahuad, en medio de las tensiones
políticas y las expectativas de la "clase política",
se esperaba siempre la "última palabra" de los
militares, a fin de resolver el vacío político y definir la
sucesión. Lastimosamente, esto ha sido perjudicial para el
Ecuador, pues, con ello, las instituciones democráticas han
demostrado su falta de institucionalización y de capacidad
efectiva para resolver los problemas propios de cualquier
régimen constitucional, sin necesidad de acudir a la
"última instancia" representada por las Fuerzas
Armadas.
EL GOBIERNO DE JAMIL MAHUAD
El 10 de agosto de 1998 Jamil Mahuad asumió la presidencia. El
26 de octubre lograba un acuerdo definitivo de paz y límites con
el Perú. El conflicto entre el Ecuador y el Perú, que condujo a
enfrentamientos armados en 1981, 1995 y que estuvo en peligro de
desembocar en una guerra total en 1998, a veces ha sido visto en
el exterior como algo "típico" del "tercer
mundo". Como suele ocurrir, esa incomprensión era fruto del
desconocimiento de la historia territorial entre ambos países,
que ha marcado la identidad nacional y la construcción del
Estado-Nación en las dos repúblicas. La solución pacífica del
conflicto (era el problema territorial más agudo en toda
Latinoamérica) fue un paso de enorme importancia para el futuro
del Ecuador y del Perú. Particularmente para mi país significó
afirmar la identidad, concluir con el peligro de una guerra,
evitar recursos para un armamentismo que habría agravado
nuestros problemas, redefinir el papel de las Fuerzas Armadas,
redefinir la política y los valores sociales hacia el interior
de nuestra sociedad, garantizar la vida de la presente y futuras
generaciones. La mayoría del Ecuador lo interpretó así y
Mahuad logró un consenso y una legitimación significativa, a
pesar de las voces que criticaron los acuerdos.
Pero tan auspicioso respaldo se derrumbó durante el año 1999.
Cierto es que Mahuad heredó la peor crisis económica en la
historia del Ecuador. Cierto también que el propio Mahuad
reconoció las dificultades. Sin embargo, comenzaron a pesar más
los compromisos políticos y la subordinación a las fuerzas de
los grupos de poder económico y principalmente de la
bancocracia. La situación de los bancos era insostenible desde
hace mucho tiempo atrás. Cayeron varios: 16 de un total de 41. Y
el gobierno se empeñó en "salvatajes" nada
transparentes, que evidenciaron no sólo su temor a una crisis
financiera y bancaria generalizada, sino la
"protección" a los bancos e incluso a unos cuantos
banqueros corruptos, que utilizaron los fondos para sus propias
empresas (créditos vinculados) y no remitieron al fisco el cobro
que habían realizado como agentes de retención de los
impuestos. Este último fue el caso del banquero Fernando
Aspiazu, que fue detenido más por obra de las Fuerzas Armadas,
que por la decisión gubernamental que (ahora se sabe mejor)
incluso prestó oídos sordos a quienes, al interior mismo del
gobierno, pedían firmeza. En marzo de 1999 Mahuad decretó la
congelación de los depósitos en los bancos. Según los
analistas económicos, esta medida constituyó el mayor atraco en
beneficio de los bancos. Provocó la ira popular, los llantos de
jubilados y personas de la tercera edad, la desesperación de
quienes habían ahorrado por años, etc. Se prometió la
devolución de fondos en forma escalonada. Era la evidencia
completa: el gobierno de Mahuad se hallaba esclavo de la
"bancocracia", a la que procuraba salvar a toda costa.
Desde entonces, la caída de la legitimidad de Mahuad fue
meteórica.
Finalmente, el régimen de Mahuad llegó a estar cercado por
todos los lados. Los sindicatos opuestos. Los indios, opuestos.
Las cámaras de la producción opuestas. Los regionalistas en
combate. Las oligarquías en búsqueda de más poder. Los
movimientos sociales opuestos. La burocracia, opuesta. La misma
Iglesia Católica (hegemónica en el país) muy crítica. El
país entero en movilizaciones a diario. Ahora se saben muy bien
dos hechos: uno, que el expresidente Osvaldo Hurtado, amigo y
coideario íntimo de Mahuad, llegó a pedirle (apenas unas
semanas antes del "golpe"), en una carta privada, su
renuncia; otro, que las Fuerzas Armadas presionaron al gobierno
de Mahuad para un cambio de rumbo desde hace meses atrás. Nada
pasó. De manera que el malestar en la institución armada
también fue creciendo. La "dolarización" finalmente
adoptada el 9 de enero del 2000, más que una necesidad
económica y técnica (no había estudios serios para ello por
parte del Banco Central ni de cualquier otra institución
pública) resultó, como observó toda la prensa del país, una
hábil maniobra de supervivencia política, que incluso remontó
unos puntos la imagen del Presidente… por poco tiempo. Desde
luego, los poderosos grupos enamorados con la dolarización se
sintieron asegurados y buena parte del país confundido, pues la
medida luce "salvadora" en la superficie y en la
perspectiva del triunfo del capital.
EL AMBIENTE FINAL
En enero del 2000, los movimientos sociales explosionaron. La
CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas) lanzó una
consigna audaz: la salida del Ejecutivo, del Legislativo y del
Judicial, por no responder a las necesidades del país. Los
indios amenazaron con tomarse carreteras y ciudades en un nuevo
"levantamiento". En coordinación con otros movimientos
sociales, se llegaron a establecer "Parlamentos del
Pueblo" en diversas provincias. Y un impresionante número
de indios (se calculan 8 mil o más) marcharon sobre Quito, la
capital de la República y entraron a ella. El 20 de enero la
situación del Ecuador y particularmente la de Quito eran
dramáticas (desde las categorías de la sociología política,
¿se siente alguien tentado a calificar como
"prerevolucionarias" las condiciones del país?). El
21, los indios ocuparon el local del Congreso (Palacio
Legislativo). Otros marcharon sobre el palacio de Justicia. Y
anunciaron que irían a tomar el palacio de Gobierno (sede del
Ejecutivo). ¡Ocurría lo que nadie habría pensado:
"literalmente" se iba a producir la "salida"
del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial… y eran los
indios quienes cumplían su palabra!.
Es en esas circunstancias en las que actúan los militares.
También ahora conocemos mejor los detalles de lo sucedido: fue
un grupo de oficiales y soldados el que permitió el ingreso de
los indígenas al Palacio Legislativo y en su interior
(precisamente en la Sala del Congreso), se constituyó una
"Junta de Salvación Nacional" integrada por: Coronel
Lucio Gutiérrez, por el Ejército, Antonio Vargas, máximo
dirigente indígena de la CONAIE, y el Dr. Carlos Solórzano
Constantine, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
(Hay que resaltar que la figura de Solórzano fue mal vista por
amplios sectores desde el primer momento, pues sobre ellos
pesaron los antecedentes políticos de este abogado).
Ese mismo 21 de enero, por órdenes superiores, llegó al
Congreso el Coronel Fausto Cobo, a fin de pedir a su compañero
Gutiérrez que deponga su actitud. Allí tropas, oficiales y
emocionadas masas populares e indígenas clamaron por una
definición y Cobo se unió al movimiento. En las ruedas de
prensa que se produjeron a continuación, el coronel Cobo habló
de una nueva "Revolución Juliana". Unidos a sus
compañeros estaban los coroneles Jorge Brito y Gustavo Lalama.
No se trató de "cualquier" tipo de militares: Fausto
Cobo era, nada menos, que el Director de la Academia de Guerra ,
brillante oficial y primera antigüedad en todos sus cursos
militares; Lucio Gutiérrez era, según sus compañeros, "un
cerebro" para los estudios, brillante militar y asesor del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Gustavo Lalama, con una
carrera similar, era director de la Escuela de Perfeccionamiento
de Oficiales; Jorge Brito, con carrera prestigiosa, era, además,
un héroe de Paquisha y del Cenepa (en referencia a dos lugares
históricos en el conflicto limítrofe del Ecuador con el Perú).
Pero lo que llamó la atención del Ecuador (y nuevamente la
desinformación internacional en ésto fue más fuerte) es que a
los "golpistas" se unieron unos 500 oficiales,
provenientes de la Academia de Guerra, de la Escuela de
Perfeccionamiento y de la Escuela Politécnica del Ejército, es
decir, de lo mejor de la intelectualidad del Ejército, por lo
que la prensa del país ha hablado de los "militares
académicos". Y, además, hay que entender, que, por propias
declaraciones de los "golpistas" al momento de los
sucesos y las que han aparecido con posterioridad, los oficiales
jóvenes y de mandos medios se unieron al movimiento indígena,
porque éste, a su vez, reflejó una profunda aspiración
nacional de cambio, pues "todos" querían la salida de
Mahuad.
Tampoco parece entenderse en el exterior la formación y
situación de las Fuerzas Armadas. A diferencia de otros países
latinoamericanos, los militares desarrollan en el Ecuador una
serie de actividades y programas de apoyo a las poblaciones más
necesitadas: ayudan en la construcción de caminos y otras obras
públicas, sirven para comunicación en regiones apartadas, han
creado escuelas y centros de salud entre las comunidades
indígenas, realizan la conscripción agraria, etc., etc. Todas
estas acciones han puesto a los militares en contacto con las
necesidades reales e inmediatas de la población, en un país en
el que la pobreza es extrema. Además, en sus institutos de
formación académica y profesional, estudian no sólo cuestiones
técnicas y relativas a sus armas, sino cátedras sociales, de
historia, economía y política, que les capacitan en la
comprensión teórica del Ecuador. Con frecuencia son invitados
en calidad de conferencistas, los más prestigiosos académicos
sociales del país. En los últimos años la formación de los
oficiales se ha conjugado con las ideas de responsabilidad frente
a la sociedad, de ayuda al desarrollo y de compromiso con la
nación. Por eso los militares dicen hallarse íntimamente
ligados al que consideran como "su pueblo". Es en este
marco que también se debe comprender la actitud de los coroneles
y oficiales que el 21 de enero se unieron al movimiento indígena
y al clamor del país por la salida del presidente Jamil Mahuad.
En consecuencia, algunos analistas sostienen que no se trató de
un simple "golpe de estado" sino de una "rebelión
popular" que concluyó con el derrocamiento de Mahuad. En
otros casos no deja de considerarse que el movimiento, por
espontáneo y sin previa "planificación", puso en
evidencia mas bien el "sentimentalismo" social de los
militares y sus afanes reformistas. También se ha comentado que
es un asunto de "populismo" militar.
Desde la perspectiva institucional, sin duda la rebelión de los
oficiales puso en jaque a los mandos superiores y rompió con los
órdenes jerárquicos, lo cual, evidentemente, afectaba a las
propias Fuerzas Armadas. Pero el Coronel Gutiérrez fue forzado a
declinar su posición inicial a favor del general Carlos Mendoza,
nada menos que Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
quien, en la noche del 21 de enero, integró el Triunvirato de
Salvación Nacional definitivo. La foto de los triunviros:
Mendoza, el general; Vargas, el indio y Solórzano, el abogado,
dio la vuelta al mundo. Pero, inquiridos por los medios de
comunicación, se hizo evidente que los triunviros carecían de
un programa de gobierno inmediato. La participación de Mendoza
parece que también respondió a una estrategia del alto mando
militar para recobrar su posición jerárquica y permitir la
sucesión constitucional del gobierno, ya que las Fuerzas
Armadas, como tales, no desearon el control del poder, que
quisieron que se respete de acuerdo a las normas de la
Constitución. El Triunvirato duró poco: apenas 3 horas. El
General Mendoza, de acuerdo con la estrategia personal que había
definido, renunció continuar en el Triunvirato. Ello implicó un
"vacío de poder" que dio paso al desenlace del drama.
Horas antes, el propio alto mando de las Fuerzas Armadas había
retirado su apoyo a Mahuad y en una cadena de televisión
solicitaron la renuncia del Presidente. Mahuad apareció en una
nueva cadena de televisión, acompañado sólo por sus ministros,
sin sus edecanes, y dijo que él no renunciaba y que si se
quería dar un golpe contra él, pues que se lo dé y que se lo
haga en forma abierta. Después, fue invitado a salir del palacio
de gobierno para ir a otro lugar considerado más seguro, pues la
marcha sobre ese local ya estaba anunciada. Al mismo tiempo el
Vicepresidente Gustavo Noboa se desplazó, en un avión militar,
desde Guayaquil a Quito. Ocurrían, en las horas sucesivas, el
ascenso y la caída del Triunvirato.
A la mañana siguiente, sábado 22, a eso de las 7 o 7:30 de la
mañana, buena parte de los ecuatorianos se enteraban que ya no
había triunvirato y veían, a través de la cadena de
televisión, que el Vicepresidente Gustavo Noboa, firmaba el
primer decreto asumiendo la Presidencia de la República y lo
hacía ante la superioridad militar, en el edificio del
Ministerio de Defensa. Anunció, además, que continuaría con la
"dolarización" de la economía ecuatoriana. Sólo a
las 10:00 de la mañana se instaló el Congreso en la ciudad de
Guayaquil y sólo entonces resolvió declarar el abandono del
cargo por parte del presidente Mahuad y la sucesión
"constitucional" de Noboa. Para diversos analistas,
caben muchas dudas sobre esa cadena de
"irregularidades" constitucionales: Alto Mando que
quita su respaldo al Presidente de la República; Triunvirato
efímero; Vicepresidente que asume el poder antes de que el
Congreso examine la situación del Presidente; Jamil Mahuad que
nunca renunció… Con habilidad, sólo un espectro de la
"clase política" funge como absolutamente
"demócrata" y exige castigo a los
"golpistas"…
REACCIONES Y LECCIONES
Los sucesos del 21 de enero impactaron en el Ecuador y en el
mundo. Un indígena "en el poder" era una situación
inédita en 500 años, más allá de cualquier significado
jurídico y político que se quiera dar al "golpe"
contra Mahuad. La presencia indígena destapó sentimientos
racistas y prejuicios ancestrales en algunos sectores. Al hablar
de una nueva "Revolución Juliana", los coroneles
"golpistas" ocasionaron el gran susto de la
oligarquía, del alto empresariado y de las fuerzas de derecha.
El temor de que el proyecto económico neoliberal se derrumbe y
que la "dolarización" termine pusieron los pelos de
punta a muchos. Era previsible una "toma de cuentas"
desde el Estado, especialmente contra los banqueros corruptos. De
acuerdo con una encuesta difundida por la empresa Market el
pasado 7 de febrero, el 51% de la población estuvo de acuerdo
con la formación del Triunvirato. El 72% de la población piensa
que no hubo "golpe de estado" sino una "rebelión
popular". Un 70% califica de "conveniente" la
caída de Mahuad.
Con su peculiar visión sobre la democracia institucional, desde
los Estados Unidos se amenazó al Ecuador con colocarle en una
situación parecida a la de Cuba. Entre sus agencias de prensa
los sucesos lucían como un simple "golpe" contra la
democracia, ejecutado por unos cuantos "coroneles
ambiciosos". Evidentemente un "golpe militar"
parecía escaparse a los dictados y controles del gobierno
norteamericano y parecía cuestionar la visión neoliberal del
mundo económico. Además, es seguro que el gobierno
norteamericano creyó que se ponía en peligro la continuidad de
la base militar de la ciudad de Manta, que los norteamericanos
lograron establecer en la costa del Ecuador para cerrar el
candado sobre Colombia con el pretexto de "combatir el
narcotráfico y la narcoguerrilla" (recuérdese que las
bases militares concluyeron ya sus programas en Panamá), sin que
hayan interesado las críticas y las reacciones que tal base ha
provocado entre los ecuatorianos.
Ciudadanos honestos del Ecuador observaron que los sucesos
afectaban la imagen del país y rechazaron la
"dictadura". Progresivamente el Ecuador tomó
conciencia de la situación creada y, finalmente (aunque a
posteriori), el 60% de la población aprobó la sucesión
presidencial de Gustavo Noboa.
Más del 70% de la población respaldó las acciones indígenas y
la toma del Congreso. Después de los sucesos, la mayoría de la
población considera que los indios habían servido como
instrumento para derrocar a Mahuad. Y que los militares
"golpistas" habían cometido un error político e
institucional, que afectaron la vía constitucional, pero que
también son oficiales sensibles y respetables. Por ello ya ha
cursado en el Congreso un pedido de amnistía que no se sabe si
será acordado.
La "clase política" reaccionó contra los
"golpistas". Sectores de poder respiraron con
tranquilidad y pasaron a la ofensiva "antigolpista". La
"cacería de brujas" aún no termina, aunque los
cálculos políticos van aliviando las tensiones.
Para un historiador los sucesos tienen múltiples aristas. El
Ecuador ha recobrado, sin duda, su institucionalidad
democrática. Pero no puede dejarse de observar que el nuevo
presidente ha ofrecido la continuidad del "modelo
económico" tan grave para las mayorías nacionales, si es
que no se toman las medidas sociales que es lo que el país
exige. De otro modo, la salida de Mahuad puede convertirse en un
simple cambio de nombres y de estilos políticos.
El "golpe" no fue, pues, un "fujimorazo".
Parece que Mahuad lo intentó, sin tener el respaldo de las
Fuerzas Armadas. Tampoco se ha tratado de un movimiento parecido
al "chavezaso" venezolano. Para los investigadores de
la historia latinoamericana resulta importante el estudio
renovado sobre las Fuerzas Armadas de la región, en la que los
militares ecuatorianos escapan al encasillamiento tradicional
como simple fuerza al servicio del sistema. El auge de los
movimientos sociales y las rebeliones capaces de tumbar gobiernos
sin "derramamientos de sangre", constituyen una novedad
en Latinoamérica, originada en el Ecuador. Han planteado el
desafío de volver efectivo, real, aplicable, práctico, un nuevo
"derecho político": el de la "rebelión
nacional", dentro del sistema constitucional y de la
democracia representativa, para revocar el mandato de gobiernos
originados en elecciones populares y cuando ese mismo
constitucionalismo y esa misma democracia se vuelven simplemente
institucionales, pero se colocan al servicio de minoritarios
grupos de poder económico.
Este me parece un asunto crucial y digno de reflexión en la
ciencia política y jurídica latinoamericana, región en la que
se exige a nuestros pueblos (más aún en países como el
Ecuador, con enormes mayorías pobres y desatendidas -aquí el
desempleo y el subempleo llegan al 70% de la población
económicamente activa y el país tiene unos 12 millones de
habitantes-), guardar respeto absoluto a la democracia y el
constitucionalismo, aunque los gobiernos instaurados
legítimamente abandonen después, para privilegio de minorías
poderosas, la misión que esos mismos pueblos han depositado en
ellos. Por cierto, el Art. 26 de la actual Constitución de la
República del Ecuador dice "Los ciudadanos ecuatorianos
gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar
proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los
casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de
los órganos del poder público, de revocar el mandato que
confieran a los dignatarios de elección popular, y de
desempeñar empleos y funciones públicas. / Estos derechos se
ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la
Constitución y la ley". Las resistencias para definir
normas que apliquen tal revocación del mandato están, como se
comprenderá, a la orden del día, con mil y un argumentos
"democráticos".
Y no puede dejarse de lado la apreciación sobre el movimiento
indígena, cuya fuerza y cuyas estrategias políticas han
resultado verdaderamente inéditas. En estos mismos días de
febrero el movimiento indígena vuelve a la carga con otro
planteamiento audaz: la recolección de firmas en todo el país,
para que se convoque a un plebiscito en el que los ecuatorianos
se pronunciarían por la disolución del Congreso y el cambio de
la Función Judicial, además del rechazo a la
"dolarización". Estas consignas van tomando una fuerza
increíble en el país, de manera que la "clase
política", junto al Congreso y ahora también el Ejecutivo,
presentan los argumentos legales y constitucionales más variados
a fin de deslegitimar y hasta impedir un pronunciamiento
plebiscitario en el sentido acordado por el movimiento indígena.
Cabe añadir que hoy, domingo 13 de febrero, los periódicos
informan sobre las 5 preguntas que planteará la CONAIE: cese de
los actuales miembros del Congreso Nacional, de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de la Judicatura; devolución inmediata
de los fondos congelados en los bancos; rechazo a la
dolarización y a las privatizaciones (se plantearía el control
de cambios y el no-pago de la deuda externa); libertad y archivo
de las causas en contra de los militares, policías y civiles que
participaron en el movimiento del pasado 21 de enero;
ratificación de la revocatoria del mandato de Mahuad; y, salida
inmediata de cualquier fuerza militar extranjera que se halle
operando en el Ecuador.
Como en todo proceso histórico, también las fuerzas políticas,
las propias Fuerzas Armadas, los movimientos sociales y, sin
duda, el movimiento indígena presentan contradicciones, generan
dudas, plantean caminos diferenciados, provocan definiciones,
afinidades o resistencias. Se mueven en un marco nacional
complejo y en un mundo internacional que mira, presiona y actúa.
De manera que uno de los problemas centrales en el futuro del
Ecuador es el de la construcción de un proyecto nacional, que
logre integrar los contrapuestos intereses del país, que a lo
largo de nuestra historia interna han sido tremendamente
beligerantes. A esto se convoca en mi país con la búsqueda del
"gran acuerdo nacional", que constituye una
"idea-fuerza" en la que todos los ecuatorianos tenemos
esperanza.
El futuro inmediato del Ecuador tiene, por tanto, nuevas
incógnitas. En lo de fondo, se ha cuestionado una democracia
simplemente "formal", que los ecuatorianos queremos que
sea "efectiva y real", a fin de que logremos una
sociedad en desarrollo económico, pero con justicia social,
equidad humana y dignidad como nación en el concierto
internacional.