Apuntes sobre "Historia Inmediata", desde Quito

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Vicepresidente de la Asociación de Historiadores
Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC)
jpazymino@puceuio.puce.edu.ec

Quito, ECUADOR, febrero de 2000
(*) Especial para "Historia a Debate"

Estos breves apuntes han sido preparados para la red internacional de "Historia a Debate". Responden a la demanda de numerosos colegas historiadores, interesados por los sucesos que ocurrieron en el Ecuador el pasado 21 de enero de 2000 y cuyo desenlace, a partir de la "rebelión de los coroneles" unidos al movimiento indígena, fue la caída del presidente Jamil Mahuad, la efímera formación de un Triunvirato que incluyó a un líder indígena y, finalmente, la sucesión constitucional a favor del nuevo presidente Gustavo Noboa.

Incluyen un marco histórico para la comprensión de los sucesos. Anhelan abrir reflexiones sobre la "historia inmediata", en la perspectiva del intercambio académico entre investigadores, cuyos criterios y análisis seguramente enriquecerán lo que aquí queda esbozado.

ECUADOR

Suelen haber pocas referencias sobre el Ecuador en la historiografía latinoamericana. Y, sin embargo, es un país con una rica historia nacional, en muchos casos "sui géneris", con respecto a muchos otros países de la región. Su historia reciente es una muestra de ello.

Entre 1972 y 1979 se sucedieron 2 dictaduras militares: primero, con el General Guillermo Rodríguez Lara, que presidió el llamado "Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas" (1972-76) y luego, un Triunvirato Militar (1976-79). Ambas dictaduras coincidieron con un período excepcional de riqueza petrolera, que fue manejada por el Estado, lo cual le "independizó" de su habitual dependencia de los agroexportadores. Fue posible, entonces, articular un "modelo-estatal-nacional-desarrollista", pues el Estado se convirtió en el principal agente promotor de la economía, una "vía" distinta y "tardía" frente a aquellos países en los cuales el desarrollo capitalista fue posible por burguesías pujantes. La burguesía ecuatoriana creció amparada por el Estado. A pesar de la época, tales dictaduras militares nunca adquirieron los rasgos represivos de las dictaduras del cono sur latinoamericano y, en diversos aspectos (sobre todo con Rodríguez Lara) incluso fueron "reformistas".

Fue el Triunvirato militar el que inició el denominado "proceso de reestructuración jurídica del Estado", inédito en América Latina, pues, en lugar de convocar la típica Asamblea Constituyente para elegir al presidente constitucional, el gobierno convocó a un referéndum sobre 2 proyectos de Constitución (se realizó en enero de 1978 y triunfó una Constitución bastante progresista) y luego al proceso electoral que introdujo el sistema de doble vuelta, sobre la base de la institucionalización de los partidos políticos (fueron inscritos cerca de una veintena de partidos), únicos en capacidad legal para postular candidatos al Ejecutivo, al Congreso y a los organismos seccionales.

El 10 de agosto de 1979 se inició la fase de los gobiernos constitucionales (Ecuador fue el primer país latinoamericano). Triunfó Jaime Roldós Aguilera (1979-81), candidatizado por "Concentración de Fuerzas Populares", un partido populista y un líder "sui géneris" en alianza con "Democracia Popular-Unión Demócrata Cristiana". Roldós murió en un trágico accidente de aviación. Le sucedió el vicepresidente demócratacristiano Osvaldo Hurtado (1981-84), con una línea reformista que inquietó al empresariado nacional (muchos le acusaban de "filo-comunista") y a quien le sucedieron, por elecciones populares: León Febres Cordero (1984-88), candidato del "Partido Social Cristiano" y respaldado por el "Frente de Reconstrucción Nacional" (una coalición de fuerzas de derecha), con amplísima aceptación (y hasta euforia) entre los empresarios del país; Rodrigo Borja Cevallos (1988-92), candidato de la socialdemócrata "Izquierda Democrática", Sixto Durán Ballén (1992-96), viejo líder del socialcristianismo, pero auspiciado por el efímero "Partido Unión Republicana" y Abdalá Bucaram (1996-97), caudillo populista del "Partido Roldosista Ecuatoriano". Derrocado Bucaram a los 6 meses, por la reacción verdaderamente nacional contra su corrupto y corruptor gobierno y por decisión del Congreso, que encontró en la "incapacidad mental" del presidente una causal legal ajustada a las circunstancias (en el exterior la imagen del Ecuador llegó a ser francamente lamentable), le sucedieron (nombramientos del Congreso): por unos días, Rosalía Arteaga (primera Presidenta en la historia nacional) y a continuación Fabián Alarcón (1997-98), dirigente del "Frente Radical Alfarista", un partido y un gobierno manejados en el viejo estilo de las componendas y "amarres" políticos.

En 1998 se reunió una Asamblea Nacional que dictó una nueva Constitución. Con ella comenzó el nuevo gobierno del democristiano Jamil Mahuad (1998-2000), elegido por votación ciudadana, pero derrocado a los 15 meses de gestión, a quien sucedió Gustavo Noboa.

Así, en el Ecuador, a diferencia de todos los países latinoamericanos, durante 2 décadas se han sucedido 10 gobiernos (5 gobiernos entre 1996 y 2000), cada uno con una orientación "ideológica" distinta. Pero, a diferencia de las dictaduras de los 70, a partir de 1982, y coincidiendo con un proceso similar en América Latina, los gobiernos constitucionales del Ecuador debieron obrar en el marco de una acelerada y progresiva crisis económica, originada en la desestabilización de la economía petrolera, el deterioro de la producción interna y del comercio externo, el brutal impacto de la deuda externa (hoy unos 16 mil millones de dólares) y la arremetida de las "variables internacionales": el derumbe del socialismo real, la difusión del neoliberalismo, los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, el retiro del Estado, las privatizaciones, etc. Paulatinamente el "modelo estatal-nacional-desarrollista" se agotó, se volvió inviable y, en su lugar, tomó impulso el nuevo "modelo empresarial" de desarrollo económico. Esta transición ha condicionado a todos los gobiernos sucedidos en el país, a partir de 1982, por sobre sus distintas vertientes "ideológicas".

MOVIMIENTOS SOCIALES y FUERZAS POLITICAS

Me refiero sólo a aquellos que aparecen como actores centrales de la historia reciente.

La institucionalización de los partidos políticos les convirtió en el centro de la actividad política durante las últimas 2 décadas y originó una "clase política". Con las excepciones de rigor, sus prácticas cotidianas e intereses inmediatistas, desprestigiaron su acción. A pesar de ello, los ecuatorianos aprendimos a vivir bajo regímenes constitucionales y a superar los fantasmas de las dictaduras. Sin duda, en el Ecuador se afirmaron los valores de la democracia representativa. Eso no ha impedido que la población sea muy crítica frente a los sucesivos gobiernos, demande permanentemente contra las deterioradas condiciones de vida y finalmente estalle contra la situación existente. Los ecuatorianos, en semejantes condiciones, hemos "derrocado" a dos gobiernos: Bucaram y Mahuad. Estuvo en igual peligro León Febres Cordero, a quien el Congreso, por primera vez en la historia contemporánea, llegó a pedir (mediante resolución) su renuncia. Por cierto, nuestras rebeliones ciudadanas no han sido sangrientas, sino admirablemente "pacíficas", un asunto difícil de entender en otras latitudes.

Al comenzar la década de los 80 el movimiento obrero alcanzó una presencia significativa a través del FUT (Frente Unitario de Trabajadores, creado en 1981), que agrupó a las principales centrales del Ecuador. El FUT impulsó una serie de impactantes "huelgas nacionales", con apoyo poblacional. El derrumbe del socialismo mundial y el autoritario régimen de Febres Cordero (en varios aspectos fue más grave que las dictaduras de los 70), sustentado por la derecha política y por poderosos grupos económicos de la costa ecuatoriana, desarticularon la fuerza que tuvo el movimiento obrero. Los partidos de izquierda quedaron históricamente mal parados. Otros movimientos sociales intentaron afirmar nuevas alternativas, lográndolo parcialmente.

En 1990 incursionó un activo movimiento indígena, si bien su presencia de lucha y resistencias tiene una historia de siglos. Pero ahora se hizo evidente su indudable y creciente significación política. Ese año, con una impecable coordinación a nivel de todo el país, ejecutaron el primer "levantamiento indígena nacional", que bloqueó carreteras, hizo marchas, provocó sustos. Surgió la reivindicación por las "nacionalidades indias". Se acercaba la conmemoración de los 500 años del contacto de Colón con América. En adelante, nadie pudo dejar de observar que los indios constituían, en el Ecuador, una fuerza capaz de imponer nuevos rumbos a la sociedad. Desde entonces, las movilizaciones indígenas y otros "levantamientos" se han sucedido contra las políticas gubernamentales neoliberales, la corrupción, la carestía de la vida, la desatención a las comunidades indias, etc. El movimiento indígena lucía como el más importante (los obreros estaban en "crisis") y con sus características y reivindicaciones específicas, que le hacían diferente a los otros precisamente por tratarse de un sector de la población tradicionalmente marginado y "despreciado" por los sectores dominantes.

Durante las dos últimas décadas han actuado, a la par que cualquier otro grupo de presión política, las cámaras de la producción (gremios empresariales). Acogieron rápidamente los postulados difundidos por el neoliberalismo, aceptaron la globalización, demandaron el retiro del Estado y se convirtieron en el sustento del nuevo "modelo empresarial" de desarrollo. El alto empresariado respaldó gobiernos como el de Febres Cordero y Sixto Durán. Dirigentes empresariales y personalidades ligadas a las cámaras pasaron a ocupar ministerios y los principales aparatos de conducción económica en esos gobiernos, pero también fueron visibles en otros.

En el ambiente político de creciente hostilidad al gobierno de Mahuad se afirmaron, además, dos fuerzas no siempre bien referidas en el extranjero: los regionalistas y las oligarquías. Los regionalistas combatían no sólo a Mahuad sino al "centralismo" de Quito y de la sierra (la región andina). Han sido muy hábiles en esconder sus intereses particulares tras las legítimas aspiraciones de descentralización administrativa y autonomías regionales. Porque en el Ecuador ha progresado mucho el sentido de la necesaria administración descentralizada para que beneficie a los ciudadanos de las diferentes provincias en que se halla dividido el país, llegándose ahora a planteamientos novedosos sobre la autonomía. Sin duda, actúan también fuerzas "regionalistas" en todo el país, pero son particularmente visibles en la costa.

La oligarquía, por su parte, se expresó a nivel nacional exigiendo, en forma agresiva, el definitivo rumbo neoliberal del Ecuador. Ella abanderó la lucha a favor de la "dolarización" de la economía, con mil y un justificaciones respaldadas por los "datos" macroeconómicos claves: una inflación galopante (60%, la más alta en América Latina), en los últimos meses la subida incontenible del dólar (1 dólar equivale a 25 mil sucres, la moneda nacional), la ruina de la producción, la dolarización "de hecho" existente en el país, etc. Sin duda, la propuesta arrastró tras sí a un amplio sector del empresariado.

En el conjunto latinoamericano, las oligarquías ecuatorianas se demuestran como unas de las más atrasadas en concepciones sociales y de las más adelantadas en arrogancia económica, sin capacidad para generar, por sí solas, un ambiente de estabilidad y progreso humano para la mayoría de la población nacional. Por sobre la retórica social, ningún esfuerzo serio articulan, desde su visión y sus propuestas, para encarar definitivamente la pobreza, la abismal distribución de la riqueza y las miserables remuneraciones, pues el salario mínimo en el Ecuador equivale a 6 (seis) dólares mensuales y la mayor parte de la población económicamente activa recibe ingresos menores a los 100 dólares mensuales. Ante semejantes clases dominantes, es difícil culpar a "los gobiernos" o al "Estado" de una realidad forjada a lo largo de la historia nacional, que ha hecho del Ecuador uno de los países más atrasados del continente, lo cual no significa que los gobiernos y el Estado queden exentos de su propia responsabilidad.

LAS FUERZAS ARMADAS

Durante el siglo XX se producen 5 intervenciones militares en la vida del Ecuador. La primera, en julio de 1925, conocida como "Revolución Juliana", tuvo el propósito de imponer el interés estatal-nacional sobre los de la "bancocracia" de la época, aliada con el "liberalismo plutocrático". Entonces se rompieron los principios del liberalismo económico tradicional y el Estado pasó a ser el instrumento de la centralización de rentas, la organización del sistema monetario-financiero (se fundó el Banco Central en 1927) y se institucionalizó la "cuestión social" como política del Estado. Los jóvenes militares julianos hablaron a favor de los "proletarios" y de la necesidad de reivindicar a la "raza indígena". Sus políticas fueron seriamente resistidas y boicoteadas por la poderosa clase económica dominante.

La segunda intervención militar (la más corta) se produjo en 1937-38. Se logró la expedición del primer Código del Trabajo en el Ecuador.

La tercera intervención ocurrió entre 1963-66, cuando se instauró una Junta Militar. Era la época influyente de la Revolución Cubana, la del inicio de la "guerra fría" sobre Latinoamérica, el plan Kennedy de "Alianza para el Progreso". La Junta Militar del Ecuador nació (algo parecido ocurrió en otros países de América Latina) de las acciones encubiertas de la CIA, según el libro de un exagente norteamericano. Hubo persecución al "comunismo" y a la izquierda, pero nunca al estilo de los fascismos pinochetistas posteriores. Pero, paradójicamente, la Junta ejecutó un programa que incluyó la reforma agraria (con ella terminó el sistema tradicional de la hacienda), la promoción industrial, la planificación estatal, la orientación gubernamental sobre el desarrollo, la apertura al capital extranjero, etc., todo lo cual afirmó un "capitalismo nacional-dependiente" ecuatoriano, antes esbozado en forma todavía pobre e insuficiente.

La cuarta intervención militar ocurrió en 1972-76, con el "Gobierno Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas" y continuó entre 1976-79 con un Triunvirato. Con estas dictaduras, a las que me referí antes, se consolidó el "modelo-estatal", que produjo el "espectacular" salto capitalista del Ecuador.

Todas las dictaduras militares referidas han tenido como rasgo común el de ser fruto de la decisión "institucional" de las Fuerzas Armadas. No fueron movimientos caudillistas o de algún oficial que seguido por sus tropas decide tomar el poder y triunfa. Los gobiernos militares son de las Fuerzas Armadas, bajo unánime decisión de sus mandos superiores. Este rasgo es importantísimo considerarlo, porque siempre han fracasado los intentos "golpistas" de oficiales y tropas aislados: uno, en 1975 contra Rodríguez Lara y otro, en 1986, contra Febres Cordero. El "golpe" del 21 de enero pasado, contra Jamil Mahuad, creó un Triunvirato con dos civiles (un indio) y un General del Ejército. Apenas duró 3 horas, pues, otra vez más, la institución militar se pronunció, finalmente, por la sucesión constitucional de Mahuad.

Hay, pues, otro hecho significativo: durante estas dos décadas de sucesión de gobiernos, las Fuerzas Armadas se convirtieron en soporte del sistema constitucional. Pero, a la vez, tanto en la salida de Bucaram como en la de Mahuad, en medio de las tensiones políticas y las expectativas de la "clase política", se esperaba siempre la "última palabra" de los militares, a fin de resolver el vacío político y definir la sucesión. Lastimosamente, esto ha sido perjudicial para el Ecuador, pues, con ello, las instituciones democráticas han demostrado su falta de institucionalización y de capacidad efectiva para resolver los problemas propios de cualquier régimen constitucional, sin necesidad de acudir a la "última instancia" representada por las Fuerzas Armadas.

EL GOBIERNO DE JAMIL MAHUAD

El 10 de agosto de 1998 Jamil Mahuad asumió la presidencia. El 26 de octubre lograba un acuerdo definitivo de paz y límites con el Perú. El conflicto entre el Ecuador y el Perú, que condujo a enfrentamientos armados en 1981, 1995 y que estuvo en peligro de desembocar en una guerra total en 1998, a veces ha sido visto en el exterior como algo "típico" del "tercer mundo". Como suele ocurrir, esa incomprensión era fruto del desconocimiento de la historia territorial entre ambos países, que ha marcado la identidad nacional y la construcción del Estado-Nación en las dos repúblicas. La solución pacífica del conflicto (era el problema territorial más agudo en toda Latinoamérica) fue un paso de enorme importancia para el futuro del Ecuador y del Perú. Particularmente para mi país significó afirmar la identidad, concluir con el peligro de una guerra, evitar recursos para un armamentismo que habría agravado nuestros problemas, redefinir el papel de las Fuerzas Armadas, redefinir la política y los valores sociales hacia el interior de nuestra sociedad, garantizar la vida de la presente y futuras generaciones. La mayoría del Ecuador lo interpretó así y Mahuad logró un consenso y una legitimación significativa, a pesar de las voces que criticaron los acuerdos.

Pero tan auspicioso respaldo se derrumbó durante el año 1999. Cierto es que Mahuad heredó la peor crisis económica en la historia del Ecuador. Cierto también que el propio Mahuad reconoció las dificultades. Sin embargo, comenzaron a pesar más los compromisos políticos y la subordinación a las fuerzas de los grupos de poder económico y principalmente de la bancocracia. La situación de los bancos era insostenible desde hace mucho tiempo atrás. Cayeron varios: 16 de un total de 41. Y el gobierno se empeñó en "salvatajes" nada transparentes, que evidenciaron no sólo su temor a una crisis financiera y bancaria generalizada, sino la "protección" a los bancos e incluso a unos cuantos banqueros corruptos, que utilizaron los fondos para sus propias empresas (créditos vinculados) y no remitieron al fisco el cobro que habían realizado como agentes de retención de los impuestos. Este último fue el caso del banquero Fernando Aspiazu, que fue detenido más por obra de las Fuerzas Armadas, que por la decisión gubernamental que (ahora se sabe mejor) incluso prestó oídos sordos a quienes, al interior mismo del gobierno, pedían firmeza. En marzo de 1999 Mahuad decretó la congelación de los depósitos en los bancos. Según los analistas económicos, esta medida constituyó el mayor atraco en beneficio de los bancos. Provocó la ira popular, los llantos de jubilados y personas de la tercera edad, la desesperación de quienes habían ahorrado por años, etc. Se prometió la devolución de fondos en forma escalonada. Era la evidencia completa: el gobierno de Mahuad se hallaba esclavo de la "bancocracia", a la que procuraba salvar a toda costa. Desde entonces, la caída de la legitimidad de Mahuad fue meteórica.

Finalmente, el régimen de Mahuad llegó a estar cercado por todos los lados. Los sindicatos opuestos. Los indios, opuestos. Las cámaras de la producción opuestas. Los regionalistas en combate. Las oligarquías en búsqueda de más poder. Los movimientos sociales opuestos. La burocracia, opuesta. La misma Iglesia Católica (hegemónica en el país) muy crítica. El país entero en movilizaciones a diario. Ahora se saben muy bien dos hechos: uno, que el expresidente Osvaldo Hurtado, amigo y coideario íntimo de Mahuad, llegó a pedirle (apenas unas semanas antes del "golpe"), en una carta privada, su renuncia; otro, que las Fuerzas Armadas presionaron al gobierno de Mahuad para un cambio de rumbo desde hace meses atrás. Nada pasó. De manera que el malestar en la institución armada también fue creciendo. La "dolarización" finalmente adoptada el 9 de enero del 2000, más que una necesidad económica y técnica (no había estudios serios para ello por parte del Banco Central ni de cualquier otra institución pública) resultó, como observó toda la prensa del país, una hábil maniobra de supervivencia política, que incluso remontó unos puntos la imagen del Presidente… por poco tiempo. Desde luego, los poderosos grupos enamorados con la dolarización se sintieron asegurados y buena parte del país confundido, pues la medida luce "salvadora" en la superficie y en la perspectiva del triunfo del capital.

EL AMBIENTE FINAL

En enero del 2000, los movimientos sociales explosionaron. La CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas) lanzó una consigna audaz: la salida del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, por no responder a las necesidades del país. Los indios amenazaron con tomarse carreteras y ciudades en un nuevo "levantamiento". En coordinación con otros movimientos sociales, se llegaron a establecer "Parlamentos del Pueblo" en diversas provincias. Y un impresionante número de indios (se calculan 8 mil o más) marcharon sobre Quito, la capital de la República y entraron a ella. El 20 de enero la situación del Ecuador y particularmente la de Quito eran dramáticas (desde las categorías de la sociología política, ¿se siente alguien tentado a calificar como "prerevolucionarias" las condiciones del país?). El 21, los indios ocuparon el local del Congreso (Palacio Legislativo). Otros marcharon sobre el palacio de Justicia. Y anunciaron que irían a tomar el palacio de Gobierno (sede del Ejecutivo). ¡Ocurría lo que nadie habría pensado: "literalmente" se iba a producir la "salida" del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial… y eran los indios quienes cumplían su palabra!.

Es en esas circunstancias en las que actúan los militares. También ahora conocemos mejor los detalles de lo sucedido: fue un grupo de oficiales y soldados el que permitió el ingreso de los indígenas al Palacio Legislativo y en su interior (precisamente en la Sala del Congreso), se constituyó una "Junta de Salvación Nacional" integrada por: Coronel Lucio Gutiérrez, por el Ejército, Antonio Vargas, máximo dirigente indígena de la CONAIE, y el Dr. Carlos Solórzano Constantine, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. (Hay que resaltar que la figura de Solórzano fue mal vista por amplios sectores desde el primer momento, pues sobre ellos pesaron los antecedentes políticos de este abogado).

Ese mismo 21 de enero, por órdenes superiores, llegó al Congreso el Coronel Fausto Cobo, a fin de pedir a su compañero Gutiérrez que deponga su actitud. Allí tropas, oficiales y emocionadas masas populares e indígenas clamaron por una definición y Cobo se unió al movimiento. En las ruedas de prensa que se produjeron a continuación, el coronel Cobo habló de una nueva "Revolución Juliana". Unidos a sus compañeros estaban los coroneles Jorge Brito y Gustavo Lalama.
No se trató de "cualquier" tipo de militares: Fausto Cobo era, nada menos, que el Director de la Academia de Guerra , brillante oficial y primera antigüedad en todos sus cursos militares; Lucio Gutiérrez era, según sus compañeros, "un cerebro" para los estudios, brillante militar y asesor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Gustavo Lalama, con una carrera similar, era director de la Escuela de Perfeccionamiento de Oficiales; Jorge Brito, con carrera prestigiosa, era, además, un héroe de Paquisha y del Cenepa (en referencia a dos lugares históricos en el conflicto limítrofe del Ecuador con el Perú). Pero lo que llamó la atención del Ecuador (y nuevamente la desinformación internacional en ésto fue más fuerte) es que a los "golpistas" se unieron unos 500 oficiales, provenientes de la Academia de Guerra, de la Escuela de Perfeccionamiento y de la Escuela Politécnica del Ejército, es decir, de lo mejor de la intelectualidad del Ejército, por lo que la prensa del país ha hablado de los "militares académicos". Y, además, hay que entender, que, por propias declaraciones de los "golpistas" al momento de los sucesos y las que han aparecido con posterioridad, los oficiales jóvenes y de mandos medios se unieron al movimiento indígena, porque éste, a su vez, reflejó una profunda aspiración nacional de cambio, pues "todos" querían la salida de Mahuad.

Tampoco parece entenderse en el exterior la formación y situación de las Fuerzas Armadas. A diferencia de otros países latinoamericanos, los militares desarrollan en el Ecuador una serie de actividades y programas de apoyo a las poblaciones más necesitadas: ayudan en la construcción de caminos y otras obras públicas, sirven para comunicación en regiones apartadas, han creado escuelas y centros de salud entre las comunidades indígenas, realizan la conscripción agraria, etc., etc. Todas estas acciones han puesto a los militares en contacto con las necesidades reales e inmediatas de la población, en un país en el que la pobreza es extrema. Además, en sus institutos de formación académica y profesional, estudian no sólo cuestiones técnicas y relativas a sus armas, sino cátedras sociales, de historia, economía y política, que les capacitan en la comprensión teórica del Ecuador. Con frecuencia son invitados en calidad de conferencistas, los más prestigiosos académicos sociales del país. En los últimos años la formación de los oficiales se ha conjugado con las ideas de responsabilidad frente a la sociedad, de ayuda al desarrollo y de compromiso con la nación. Por eso los militares dicen hallarse íntimamente ligados al que consideran como "su pueblo". Es en este marco que también se debe comprender la actitud de los coroneles y oficiales que el 21 de enero se unieron al movimiento indígena y al clamor del país por la salida del presidente Jamil Mahuad.

En consecuencia, algunos analistas sostienen que no se trató de un simple "golpe de estado" sino de una "rebelión popular" que concluyó con el derrocamiento de Mahuad. En otros casos no deja de considerarse que el movimiento, por espontáneo y sin previa "planificación", puso en evidencia mas bien el "sentimentalismo" social de los militares y sus afanes reformistas. También se ha comentado que es un asunto de "populismo" militar.

Desde la perspectiva institucional, sin duda la rebelión de los oficiales puso en jaque a los mandos superiores y rompió con los órdenes jerárquicos, lo cual, evidentemente, afectaba a las propias Fuerzas Armadas. Pero el Coronel Gutiérrez fue forzado a declinar su posición inicial a favor del general Carlos Mendoza, nada menos que Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien, en la noche del 21 de enero, integró el Triunvirato de Salvación Nacional definitivo. La foto de los triunviros: Mendoza, el general; Vargas, el indio y Solórzano, el abogado, dio la vuelta al mundo. Pero, inquiridos por los medios de comunicación, se hizo evidente que los triunviros carecían de un programa de gobierno inmediato. La participación de Mendoza parece que también respondió a una estrategia del alto mando militar para recobrar su posición jerárquica y permitir la sucesión constitucional del gobierno, ya que las Fuerzas Armadas, como tales, no desearon el control del poder, que quisieron que se respete de acuerdo a las normas de la Constitución. El Triunvirato duró poco: apenas 3 horas. El General Mendoza, de acuerdo con la estrategia personal que había definido, renunció continuar en el Triunvirato. Ello implicó un "vacío de poder" que dio paso al desenlace del drama.

Horas antes, el propio alto mando de las Fuerzas Armadas había retirado su apoyo a Mahuad y en una cadena de televisión solicitaron la renuncia del Presidente. Mahuad apareció en una nueva cadena de televisión, acompañado sólo por sus ministros, sin sus edecanes, y dijo que él no renunciaba y que si se quería dar un golpe contra él, pues que se lo dé y que se lo haga en forma abierta. Después, fue invitado a salir del palacio de gobierno para ir a otro lugar considerado más seguro, pues la marcha sobre ese local ya estaba anunciada. Al mismo tiempo el Vicepresidente Gustavo Noboa se desplazó, en un avión militar, desde Guayaquil a Quito. Ocurrían, en las horas sucesivas, el ascenso y la caída del Triunvirato.

A la mañana siguiente, sábado 22, a eso de las 7 o 7:30 de la mañana, buena parte de los ecuatorianos se enteraban que ya no había triunvirato y veían, a través de la cadena de televisión, que el Vicepresidente Gustavo Noboa, firmaba el primer decreto asumiendo la Presidencia de la República y lo hacía ante la superioridad militar, en el edificio del Ministerio de Defensa. Anunció, además, que continuaría con la "dolarización" de la economía ecuatoriana. Sólo a las 10:00 de la mañana se instaló el Congreso en la ciudad de Guayaquil y sólo entonces resolvió declarar el abandono del cargo por parte del presidente Mahuad y la sucesión "constitucional" de Noboa. Para diversos analistas, caben muchas dudas sobre esa cadena de "irregularidades" constitucionales: Alto Mando que quita su respaldo al Presidente de la República; Triunvirato efímero; Vicepresidente que asume el poder antes de que el Congreso examine la situación del Presidente; Jamil Mahuad que nunca renunció… Con habilidad, sólo un espectro de la "clase política" funge como absolutamente "demócrata" y exige castigo a los "golpistas"…

REACCIONES Y LECCIONES

Los sucesos del 21 de enero impactaron en el Ecuador y en el mundo. Un indígena "en el poder" era una situación inédita en 500 años, más allá de cualquier significado jurídico y político que se quiera dar al "golpe" contra Mahuad. La presencia indígena destapó sentimientos racistas y prejuicios ancestrales en algunos sectores. Al hablar de una nueva "Revolución Juliana", los coroneles "golpistas" ocasionaron el gran susto de la oligarquía, del alto empresariado y de las fuerzas de derecha. El temor de que el proyecto económico neoliberal se derrumbe y que la "dolarización" termine pusieron los pelos de punta a muchos. Era previsible una "toma de cuentas" desde el Estado, especialmente contra los banqueros corruptos. De acuerdo con una encuesta difundida por la empresa Market el pasado 7 de febrero, el 51% de la población estuvo de acuerdo con la formación del Triunvirato. El 72% de la población piensa que no hubo "golpe de estado" sino una "rebelión popular". Un 70% califica de "conveniente" la caída de Mahuad.

Con su peculiar visión sobre la democracia institucional, desde los Estados Unidos se amenazó al Ecuador con colocarle en una situación parecida a la de Cuba. Entre sus agencias de prensa los sucesos lucían como un simple "golpe" contra la democracia, ejecutado por unos cuantos "coroneles ambiciosos". Evidentemente un "golpe militar" parecía escaparse a los dictados y controles del gobierno norteamericano y parecía cuestionar la visión neoliberal del mundo económico. Además, es seguro que el gobierno norteamericano creyó que se ponía en peligro la continuidad de la base militar de la ciudad de Manta, que los norteamericanos lograron establecer en la costa del Ecuador para cerrar el candado sobre Colombia con el pretexto de "combatir el narcotráfico y la narcoguerrilla" (recuérdese que las bases militares concluyeron ya sus programas en Panamá), sin que hayan interesado las críticas y las reacciones que tal base ha provocado entre los ecuatorianos.

Ciudadanos honestos del Ecuador observaron que los sucesos afectaban la imagen del país y rechazaron la "dictadura". Progresivamente el Ecuador tomó conciencia de la situación creada y, finalmente (aunque a posteriori), el 60% de la población aprobó la sucesión presidencial de Gustavo Noboa.

Más del 70% de la población respaldó las acciones indígenas y la toma del Congreso. Después de los sucesos, la mayoría de la población considera que los indios habían servido como instrumento para derrocar a Mahuad. Y que los militares "golpistas" habían cometido un error político e institucional, que afectaron la vía constitucional, pero que también son oficiales sensibles y respetables. Por ello ya ha cursado en el Congreso un pedido de amnistía que no se sabe si será acordado.

La "clase política" reaccionó contra los "golpistas". Sectores de poder respiraron con tranquilidad y pasaron a la ofensiva "antigolpista". La "cacería de brujas" aún no termina, aunque los cálculos políticos van aliviando las tensiones.
Para un historiador los sucesos tienen múltiples aristas. El Ecuador ha recobrado, sin duda, su institucionalidad democrática. Pero no puede dejarse de observar que el nuevo presidente ha ofrecido la continuidad del "modelo económico" tan grave para las mayorías nacionales, si es que no se toman las medidas sociales que es lo que el país exige. De otro modo, la salida de Mahuad puede convertirse en un simple cambio de nombres y de estilos políticos.

El "golpe" no fue, pues, un "fujimorazo". Parece que Mahuad lo intentó, sin tener el respaldo de las Fuerzas Armadas. Tampoco se ha tratado de un movimiento parecido al "chavezaso" venezolano. Para los investigadores de la historia latinoamericana resulta importante el estudio renovado sobre las Fuerzas Armadas de la región, en la que los militares ecuatorianos escapan al encasillamiento tradicional como simple fuerza al servicio del sistema. El auge de los movimientos sociales y las rebeliones capaces de tumbar gobiernos sin "derramamientos de sangre", constituyen una novedad en Latinoamérica, originada en el Ecuador. Han planteado el desafío de volver efectivo, real, aplicable, práctico, un nuevo "derecho político": el de la "rebelión nacional", dentro del sistema constitucional y de la democracia representativa, para revocar el mandato de gobiernos originados en elecciones populares y cuando ese mismo constitucionalismo y esa misma democracia se vuelven simplemente institucionales, pero se colocan al servicio de minoritarios grupos de poder económico.

Este me parece un asunto crucial y digno de reflexión en la ciencia política y jurídica latinoamericana, región en la que se exige a nuestros pueblos (más aún en países como el Ecuador, con enormes mayorías pobres y desatendidas -aquí el desempleo y el subempleo llegan al 70% de la población económicamente activa y el país tiene unos 12 millones de habitantes-), guardar respeto absoluto a la democracia y el constitucionalismo, aunque los gobiernos instaurados legítimamente abandonen después, para privilegio de minorías poderosas, la misión que esos mismos pueblos han depositado en ellos. Por cierto, el Art. 26 de la actual Constitución de la República del Ecuador dice "Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos, de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, de ser consultados en los casos previstos en la Constitución, de fiscalizar los actos de los órganos del poder público, de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de elección popular, y de desempeñar empleos y funciones públicas. / Estos derechos se ejercerán en los casos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley". Las resistencias para definir normas que apliquen tal revocación del mandato están, como se comprenderá, a la orden del día, con mil y un argumentos "democráticos".

Y no puede dejarse de lado la apreciación sobre el movimiento indígena, cuya fuerza y cuyas estrategias políticas han resultado verdaderamente inéditas. En estos mismos días de febrero el movimiento indígena vuelve a la carga con otro planteamiento audaz: la recolección de firmas en todo el país, para que se convoque a un plebiscito en el que los ecuatorianos se pronunciarían por la disolución del Congreso y el cambio de la Función Judicial, además del rechazo a la "dolarización". Estas consignas van tomando una fuerza increíble en el país, de manera que la "clase política", junto al Congreso y ahora también el Ejecutivo, presentan los argumentos legales y constitucionales más variados a fin de deslegitimar y hasta impedir un pronunciamiento plebiscitario en el sentido acordado por el movimiento indígena. Cabe añadir que hoy, domingo 13 de febrero, los periódicos informan sobre las 5 preguntas que planteará la CONAIE: cese de los actuales miembros del Congreso Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura; devolución inmediata de los fondos congelados en los bancos; rechazo a la dolarización y a las privatizaciones (se plantearía el control de cambios y el no-pago de la deuda externa); libertad y archivo de las causas en contra de los militares, policías y civiles que participaron en el movimiento del pasado 21 de enero; ratificación de la revocatoria del mandato de Mahuad; y, salida inmediata de cualquier fuerza militar extranjera que se halle operando en el Ecuador.

Como en todo proceso histórico, también las fuerzas políticas, las propias Fuerzas Armadas, los movimientos sociales y, sin duda, el movimiento indígena presentan contradicciones, generan dudas, plantean caminos diferenciados, provocan definiciones, afinidades o resistencias. Se mueven en un marco nacional complejo y en un mundo internacional que mira, presiona y actúa. De manera que uno de los problemas centrales en el futuro del Ecuador es el de la construcción de un proyecto nacional, que logre integrar los contrapuestos intereses del país, que a lo largo de nuestra historia interna han sido tremendamente beligerantes. A esto se convoca en mi país con la búsqueda del "gran acuerdo nacional", que constituye una "idea-fuerza" en la que todos los ecuatorianos tenemos esperanza.

El futuro inmediato del Ecuador tiene, por tanto, nuevas incógnitas. En lo de fondo, se ha cuestionado una democracia simplemente "formal", que los ecuatorianos queremos que sea "efectiva y real", a fin de que logremos una sociedad en desarrollo económico, pero con justicia social, equidad humana y dignidad como nación en el concierto internacional.

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