Mesa I
Cristina Segura Graiño. A.C. Al-Mudayna. Universidad Complutense de Madrid
Los estudios universitarios de Historia en España están orientados a la formación
de investigadores más que de docentes. Para las enseñanzas medias los actuales planes de
estudio manifiestan unas importantes carencias que los recién licenciados tienen que
suplir con su esfuerzo a la hora de enfrentarse con unas oposiciones. La preparación que
se intenta dar está dirigida a concluir los estudios de doctorado y emprender una tesis de
licenciatura o de doctorado. La falta de empleo favorece esta situación pues prolonga la
estancia en la Universidad unos años más Pero, en la mayor parte de los casos esta
prolongación no abre nuevas expectativas profesionales y nos encontramos con
doctores/as en paro o trabajando, por ejemplo, en agencias de viajes. Esto supone un
costo para la economía nacional y, sobre todo, una frustración para las personas que se
encuentran en esta circunstancia, que son reconocidas a nivel científico pero que no
consiguen una promoción profesional acorde con su preparación, en la mayoría de los
casos.
Para intentar paliar este grave problema podrían arbitrarse algunas soluciones
que, desde mi punto de vista, deben ir en una doble dirección. Por una parte un
replanteamiento de la política de becas y, por otra, introducir modificaciones en la
carrera docente.
Con respecto a las becas de formación del personal investigador, provengan de
una institución o de otra, debían modificarse los baremos para su concesión. Actualmente
el expediente académico es decisorio y no siempre los/as alumnos/as con mejores notas
son los más dotados para la investigación. Descuidos de primero de carrera tienen luego
un grave costo. El profesorado, por su parte, debería ser más riguroso en la evaluación
de ]os conocimientos del alumno y tener presente que las notas concedidas son las que
conforman los futuros curricula que entrarán en competencia. Los baremos de becas
deberían ser elaborados por expertos y, con leves matizaciones, ser universales. Es decir
que ante cualquier beca, MEC, Comunidades Autónomas, 1nstituciones privadas, etc.
hubiera las mismas exigencias. Además, debía de haber un seguimiento cuidadoso de los
resultados de las becas para evitar despilfarros. Cada beca debe tener como resultado una
tesis doctoral, cosa que no siempre pasa. Sería necesario crear una conciencia clara de la
finalidad investigadora de la beca. Ésta es y debe ser, como su propia denominación dice,
una inversión en formación de personal investigador y profesorado universitario.
Lamentablemente, a veces se convierte en un simple medio de vida para los recién
licenciados mientras encuentran otro trabajo, ajeno en muchas ocasiones a su propia
formación.
El fin de las becas de formación investigadora y la lectura de la tesis doctoral
abriría la puerta a las becas postdoctorales que estarían orientadas a la formación del
profesorado universitario y del personal investigador de otros centros. Estas becas, que
se concederían también atendiendo a unos baremos de características semejantes a los
anteriores, darían paso a la entrada en la Universidad como profesores/as ayudantes.
El acceso al profesorado universitario se haría por un concurso de méritos con un
baremo elaborado por una comisión de expertos y, respetando la autonomía
universitaria, semejante en todas las universidades. En él se primaría el haber disfrutado
de las dos becas anteriores y haber desarrollado con suficiencia la labor investigadora La
aplicación de este baremo no la haría el departamento al que se adscribía la plaza sino
una comisión de la Universidad.
El acceso a las categorías de profesor/a Titular y a catedrático/a se produciría de
forma automática al conseguirse un número determinado de quinquenios de docencia y
de investigación.
El cumplimiento estricto de la LRU en lo referente al número de alumnos/as por
grupo y a las actividades docentes complementarias supondría un importante incremento
en las necesidades de profesorado. A ello habría que unir la implantación de la jubilación
a los 65 años y el acceso a partir de los 60 a una situación de "actividad reducida", en la
que el profesorado se dedicara a la dirección de tesis y a impartir cursos de doctorado.
Todo esto podría acompañarse de una dinamización de los Institutos
Universitarios como centros de investigación y de la creación de figuras de personal
investigador adscritos a las universidades.